Semana del 31 de Julio al 06 de Agosto de 2026

Informar no debería costar la vida

Informar no debería costar la vida

El asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar vuelve a exhibir las fallas de un sistema incapaz de prevenir ataques, atender amenazas y combatir la impunidad. Para Reporteros Sin Fronteras, México necesita acciones urgentes, no nuevos discursos.

El asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido el 22 de julio en Oaxaca, no puede reducirse a otra cifra dentro de la larga lista de agresiones contra la prensa mexicana.

Leyva era periodista, había denunciado amenazas de muerte desde un año antes y las autoridades conocían la situación de riesgo que enfrentaba. Aun así, fue asesinado. Su caso es el séptimo homicidio de un periodista registrado por Reporteros Sin Fronteras en México durante 2026 y el segundo ocurrido en menos de una semana.

La pregunta resulta inevitable: ¿de qué sirven los mecanismos de protección cuando el Estado conoce una amenaza y no logra impedir que se cumpla?

UNA CRISIS QUE NO ES NUEVA
Balbina Flores Martínez, representante de Reporteros Sin Fronteras en México, advierte que el país está regresando a etapas especialmente graves para el ejercicio periodístico, comparables con los años de mayor violencia de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como con el periodo de Javier Duarte en Veracruz.

El problema no se limita a los asesinatos. Incluye amenazas, hostigamientos, desplazamientos, demandas judiciales utilizadas para intimidar y distintas formas de presión destinadas a controlar la información.

México ocupa el lugar 122 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026. En el indicador relacionado con la seguridad de quienes ejercen el periodismo aparece en la posición 160.

No estamos, por tanto, ante hechos aislados. Existe un entorno estructural que permite agredir, amenazar y asesinar periodistas con pocas posibilidades de recibir un castigo.

EL MENSAJE DE LA IMPUNIDAD
Cada periodista asesinado deja una familia, una redacción y una comunidad enfrentadas al miedo. Pero el daño no termina ahí.

Cuando se mata a quien investiga y comunica asuntos de interés público, también se envía un mensaje a los demás reporteros: hay temas que es mejor no tocar, nombres que no deben mencionarse y territorios en los que informar puede resultar demasiado peligroso.

La autocensura comienza muchas veces de esa manera. No hace falta cerrar un periódico ni prohibir una publicación. Basta con que el miedo se instale en la redacción.

ARTICLE 19 ha documentado 32 periodistas desaparecidos en México desde 2003. Detrás de cada caso permanece una familia sin respuestas y una investigación que no ha conseguido establecer la verdad.

COMPROMISOS SIN RESULTADOS SUFICIENTES
Antes de llegar a la Presidencia, Claudia Sheinbaum firmó una carta propuesta por Reporteros Sin Fronteras que incluía cinco compromisos estratégicos para proteger la libertad de prensa, fortalecer los mecanismos de seguridad y enfrentar la impunidad.

Sin embargo, para la organización, los avances han sido insuficientes.

Balbina Flores señala que existe comunicación con las autoridades y se han realizado algunas acciones, pero los dos pilares principales —protección y combate a la impunidad— no han experimentado cambios sustanciales.

Investigar después de cada asesinato ya no basta. El reto consiste en actuar cuando llegan las primeras amenazas, coordinar a los gobiernos locales y federal, evaluar correctamente los riesgos y establecer responsabilidades cuando las instituciones fallan.

El caso de Leyva Aguilar exige precisamente esa explicación: quién conocía las amenazas, qué medidas se tomaron y por qué no fueron suficientes.

CUIDAR TAMBIÉN A QUIENES SIGUEN INFORMANDO
La violencia deja además un desgaste emocional profundo entre reporteros, fotógrafos y trabajadores de los medios.

Cubrir asesinatos de compañeros, recibir amenazas o trabajar de manera cotidiana en zonas controladas por grupos criminales produce miedo, ansiedad y agotamiento. Atender la salud mental del gremio no es un asunto secundario; forma parte de la protección integral.

Las redes de apoyo entre periodistas y organizaciones pueden ayudar, pero no sustituyen la responsabilidad del Estado.

México no necesita esperar otro asesinato para anunciar investigaciones, reuniones o revisiones de protocolos. Necesita un programa urgente que permita prevenir las agresiones y romper el ciclo de impunidad.

Porque cuando un periodista es silenciado, la sociedad pierde información. Y una sociedad que deja de saber lo que ocurre también pierde una parte esencial de su libertad.

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