Emsavalles| San Luis Potosí, S.L.P.| Martes, 13 de Mayo de 2025| 15:21
La organización Ciudadanos Observando dio a conocer nuevos datos sobre posibles irregularidades en el proceso de baja de 27 vehículos que eran parte del Ayuntamiento capitalino. La información sugiere que no todo se hizo de forma clara, desde la compra de las unidades hasta su baja en el sistema estatal.
Durante la actual administración de Enrique Galindo Ceballos, el Ayuntamiento firmó un contrato con la empresa Casanova Vallejo para rentar 42 vehículos por dos años. Según la investigación, esos vehículos fueron arrendados con un sobreprecio del 57% respecto a su valor real. Esta misma empresa ya había sido sancionada por la Secretaría de la Función Pública por vender ambulancias al IMSS a precios inflados.
Cuando terminó el contrato en septiembre de 2024, el Ayuntamiento decidió comprar 27 de esos vehículos, no los 42 como se dijo públicamente. Entre los modelos adquiridos hay autos Chevrolet Aveo, MG Excite CVT y camionetas JAC Frison. Los trámites para registrar estos autos a nombre del municipio se realizaron entre el 22 y 29 de noviembre.
Sin embargo, en marzo de 2025, el propio Ayuntamiento publicó un boletín donde aseguraba que se había comprado toda la flotilla a precio preferencial, lo cual no es cierto. Documentos oficiales muestran que solo se adquirieron 27 vehículos y con precios establecidos por tipo de unidad.
Además, se descubrió que una mujer identificada como Nely Elizabeth García Ramos, con domicilio en la Ciudad de México, fue quien dio de baja los 27 vehículos en una oficina estatal en San Luis Potosí, sin mostrar papeles que la autorizaran para hacerlo. Aun así, el trámite fue aprobado. Un día antes, esa misma persona había reportado la pérdida de placas y tarjeta de circulación de una de las camionetas.
También se menciona a otras personas involucradas en los trámites, como Pedro Víctor Trejo García y Emanuel Abraham Martínez Ramos. Hay indicios de que se utilizó documentación falsa o alterada, y se ha señalado la falta de supervisión de personal estatal en la oficina recaudadora de Avenida Muñoz.
Algunos funcionarios del Ayuntamiento han reconocido que hubo errores, pero también han respondido a estas acusaciones con críticas hacia la organización que realizó la investigación, en lugar de aclarar a fondo lo sucedido.
Hasta ahora no se ha explicado con claridad cuál era el destino final de los vehículos dados de baja, y tampoco se ha informado si se tomarán medidas legales. Las unidades, según Ciudadanos Observando, estarían circulando de forma irregular.
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