Lucina López| Emsavalles| San Luis Potosí, S.L.P.| Viernes, 23 de Enero de 2026| 15:43
El diputado local Crisógono Pérez López, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, confirmó que alrededor de 30 docentes en el estado potosino enfrentan falsas denuncias por parte de alumnos.
Sin embargo, estas denuncias se encuentran en análisis; cabe hacer mención que la iniciativa que los protege aún no ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo del Estado.
Las denuncias que enfrentan los maestros son por presuntos actos indebidos dentro de planteles educativos, muchas de ellas derivadas de malos entendidos o acusaciones sin sustento.
Aunque se tiene el estimado de 30 profesores señalados, no existe información precisa sobre cuántos de estos casos han derivado en sanciones formales, ya que en la mayoría de las situaciones no se logra acreditar responsabilidad.
"Si de 30 casos proceden dos o tres, es mucho; la gran mayoría corresponde a malos entendidos o injurias", afirmó.
Indicó que algunas acusaciones surgen por situaciones mínimas, como elevar el tono de voz o realizar llamados de atención, lo que ha escalado a instancias legales y administrativas, llegando incluso a ceses laborales o procesos penales. Recordó que en el pasado se han registrado casos de maestros encarcelados de manera indebida.
Agregó que la reforma aprobada por el Congreso del Estado, que modifica el Código Penal, la Ley de Educación y la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal, se encuentra pendiente de promulgación por parte del Poder Ejecutivo.
Una vez publicada en el Periódico Oficial del Estado, podrá aplicarse de manera formal.
Subrayó que la intención de la ley no es vulnerar los derechos de niñas y niños, sino equilibrar la protección al menor con la garantía de procesos justos para el magisterio, evitando señalamientos irresponsables y asegurando sanciones cuando exista responsabilidad comprobada.
El diputado local explicó que estos casos evidencian la urgencia de que entre en vigor la reforma legal aprobada por el Congreso en diciembre de 2025, la cual busca proteger al personal docente mediante protocolos de investigación objetivos y sanciones para denuncias falsas o difamatorias.
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