Semana del 19 de Febrero al 25 de Febrero de 2021

Feminicidios, el gran fracaso en el sexenio carrerista

Feminicidios, el gran fracaso en el sexenio carrerista

María José Puente Zavala

Tampoco las muertes violentas de mujeres cedieron durante el sexenio carrerista

"Pareciera que, en los últimos dos años, las instituciones entraron en un impasse. Se limitaron a bajar el recurso que CONAVIM destina y emplearlo incluso en otros proyectos que nada tienen que ver con el tema de las mujeres", declaró Urenda Queletzú Navarro Sánchez, integrante de la Mesa Ciudadana de Análisis y Seguimiento a la Alerta de Violencia de Género, en entrevista sobe el incremento en el número de feminicidios registrados en la entidad durante el sexenio de Juan Manuel Carreras que concluye este año.

Y es que, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de feminicidios registrados en San Luis Potosí, entre 2015 y 2020, se multiplicaron, prácticamente, por cuatro; pues mientras que en el primer año de gobierno de Carreras se abrieron 7 carpetas de investigación por ese delito, para 2020, penúltimo del mandato carrerista, se contabilizaron 27.

Según Navarro Sánchez, también académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es necesario analizar las cifras desde un enfoque crítico, pues "cuando inició el sexenio, la mayoría de las muertes violentas de mujeres, dada la falta de formación del personal de investigación, eran investigados como homicidios.

La denuncia que se hizo en ese momento es que se capacitara a las unidades de investigación para que clasificaran los feminicidios [...] Habría que desagregar los datos. Ver si se empezaron a investigar más y se empezaron a tipificar más los feminicidios cometidos por la pareja y si a eso obedece también el aumento.

La otra lectura crítica de los datos es que ahora ya no es nomás ‘qué bueno que ya tipifican esos feminicidios’, porque antes no lo hacían, pero ahora ya no encuadran ni tipifican como feminicidios, y que es un número creciente de muertes violentas de mujeres, los perpetrados por el crimen organizado.

Porque desde la mirada de las autoridades investigadoras, si se trata de crimen organizado más bien es un homicidio, no un feminicidio, pese a que no hay discusión sobre el tema", lamentó.

De hecho; en lo que va del actual sexenio en San Luis Potosí, tampoco las muertes violentas de mujeres que no han sido clasificadas como feminicidios han logrado disminuir de manera significativa, pues mientras que en el 2015 se contabilizaron 35, el número más alto del período en mención, en 2016 fueron 32, 31 en 2017, 27 en 2018, 22 en 2019 y 31 en el pasado 2020.

¿SIRVE LA ALERTA DE GÉNERO PARA COMBATIR LOS FEMINICIDIOS?
Cabe recordar que, al inicio de su periodo como gobernador del estado, Juan Manuel Carreras respaldó la solicitud de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que en San Luis Potosí fuera declarada la Alerta de Género, en razón de la necesidad de atender la creciente violencia feminicida presente en la entidad; sin embargo, años después, en el 2019, tras ser cuestionado por la falta de resultados, Ulises Valencia Gordillo, subsecretario de asuntos jurídicos y derechos humanos del gobierno estatal, declaró que las alertas "no funcionan para disminuir los feminicidios, ni en San Luis Potosí, ni en ninguna parte de México".

Cuestionada sobre esta declaración, Urenda Queletzú Navarro reviró que "no es que no sirva la declaratoria. La declaratoria es el mecanismo que hace exigible nuestro derecho a una vida libre de violencia. Decir que no sirve el mecanismo, es darle herramientas a quienes han buscado desaparecer de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia; es decir, nos cierran la puerta a siquiera poder exigir.

Más bien es necesario replantear el contenido de las medidas para que estas puedan tener un impacto en el territorio municipal [...] Se necesita territorializar la política pública de prevención de la violencia [...] La declaratoria permite focalizar los esfuerzos en esos lugares donde son necesarios".

LOS RECURSOS NO LLEGAN A LAS MUJERES
Según el último informe elaborado por la doctora Candelaria Ochoa Ávalos, en junio de 2020, antes de su renuncia como titular de la CONAVIM, San Luis Potosí ha recibido, en los últimos 3 años, poco más de 53 millones de pesos para implementar la Alerta de Violencia de Género.

El documento señala que en 2018 se liberaron 13 millones 793 mil 305 pesos y 77 centavos para la construcción de un Centro de Justicia para las Mujeres que se inauguró casi al cierre de 2019.

También en 2019 se canalizaron 20 millones 073 mil 097 pesos para la construcción un centro de Justicia para las Mujeres en San Luis Potosí y 6 millones 189 mil 239 pesos "para llevar a cabo las medidas de prevención, seguridad y justicia establecidas en las declaratorias de AVGM"; y, finalmente, en 2020, la CONAVIM reportó que autorizó para San Luis Potosí, al menos, 12 millones 958 mil 400 pesos.

Al respecto; Navarro Sánchez considera que un impedimento para allegar a las mujeres a los beneficios por la disposición de este tipo de recursos es que los gobiernos municipales no participan ni presentan proyectos de manera independiente para contribuir a cumplir con los objetivos de la Alerta.

"La Alerta de Violencia de Género vino a recordarles (a las autoridades) que tenían obligaciones y que tenían que cumplirlas. Obligaciones que ya estaban en la Ley.

Fuera de ahí, justo se limitó a eso, a fortalecer el ámbito institucional y que todavía sigue quedando mucho a deber. Eso hay que decirlo.

Hasta la fecha no contamos con una fiscalía que investigue específicamente los feminicidios. La Fiscalía investiga en una unidad para homicidios y feminicidios, pero no se investigan con un enfoque diferenciado.

Hay que reconocer la tarea de la Fiscalía de atención a las mujeres (pero también reconocer que) tiene una gran debilidad institucional porque pues de nada sirve que tú te capacites, si al final de cuentas terminas teniendo ocho agentes del ministerio público para un mundo de carpetas de investigación", lamentó.

Finalmente, la también activista potosina indicó que, si bien en un inicio el gobierno estatal se mostró abierto para colaborar con organizaciones de la sociedad civil para dar cumplimiento a las medidas establecidas en la AVGM, en los últimos dos años, esa disposición parece haber desaparecido y, más aún, el cumplimiento de las medidas se ha limitado a ser "un cumplimiento administrativo. Ya no se han desplegado acciones de carácter emergente, ni acciones encaminadas a disminuir la violencia".