Semana del 29 de Noviembre al 05 de Diciembre de 2024

Marquesina

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MAS ALLA DE LUISMI, LA REALIDAD
Hace unos días muchos celebraban la presencia de Luis Miguel en la flamante Arena Potosí, la autoridad Estatal ya cumplió su compromiso de traerlo de forma gratuita tras no estar presente en la Feria Nacional Potosina (FENAPO). El bullicio de la festividad fue la nota más importante del fin de semana.
Y ahí es cuando viene el problema de vivir fuera de la realidad, pues mientras todo el gabinete se pasó comentando del recital en los días posteriores, la inconformidad de diversos sectores laborales fue creciendo y finalmente detonó este lunes.
Pensionados que reciben su aportación de la Dirección General Pensiones y oficiales estatales se manifestaron ante la posibilidad de que la Oficialía Mayor no cumpla con los tiempos establecidos, para el pago de aguinaldos y prestaciones de fin de año.
Se habla que todo se debe a la falta de sensibilidad de Ariana García Vidal Titular de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), Pues resulta que derivado de qué se siente intocable y con el poder de manejar el dinero, Ningunean las obligaciones que debe de cumplir con las diferentes dependencias y sectores.
Esperemos que Tarde o temprano el titular del Poder Ejecutivo se dé cuenta Qué más que ayudarlo la presencia de la exfuncionaria de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, Es que ayudarlo solo generan una percepción negativa de su gabinete.

UNA CELEBRACION CON MUERTE
Esta semana se celebró el día libre violencia a la Mujer, pero los datos son duros en San Luis Potosí.
Queremos recordar a las 42 víctimas de feminicidio que se registran en 3 años y un mes de la administración actual, porque esto sigue demostrando que las políticas públicas contra la violencia hacia a las mujeres son irrelevantes e inaplicables, situación que cada día es más deleznable y lacerante.

DUDOSA PARTICIPACIÓN
El mismo optimismo que se ha establecido desde el gobierno federal se está replicando por parte del gabinete gallardista, de cara a la reforma judicial para elegir a jueces y magistrados de la jurisdicción estatal. Como pocas veces sucede, existe un gran optimismo de que el proceso sea todo un éxito.
Pero ni la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ni el gobernador Ricardo Gallardo Cardona están considerando que los abogados que aspiren a los cargos federales y estatales, en teoría, no estarán afiliados a partidos políticos, por lo tanto, no tendrán la exposición que tradicionalmente tienen los candidatos partidistas.
Además de ello, se corre el riesgo de que no haya realmente una equidad en la contienda, porque si no realizarán campaña para promocionarse o si lo hacen será muy limitada. Es decir, se vislumbra que haya una participación irrisoria de la población.
Justamente ese es el problema: si cuándo hay campañas proselitistas con anuncios en radio, televisión, en paredes y espectaculares por doquier, no se alcanza a observar de qué manera las y los aspirantes a los cargos judiciales pueden convencer a la población de que son los mejores perfiles para impartir justicia,
Y quizá la observación más importante, que todos están pasando por alto: el financiamiento para realizar los comicios el próximo año y definir la autoridad que se encargará de los comicios del próximo año. Hasta el momento que el Congreso del Estado apruebe los presupuestos, pero aún se desconoce si el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) ya consideró uno en su paquete presupuestal del 2025.
Si todos los dineros se destinan a donde deben, el próximo año las y los potosinos elegirán a 66 juzgadores, 16 magistraturas y tres integrantes del Consejo de la Judicatura, todos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

AUMENTOS EN IMPUESTOS: UN RIESGO POLÍTICO PARA ENRIQUE GALINDO
La reciente aprobación de la Ley de Ingresos en la capital potosina ha desatado una ola de críticas hacia el alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien ahora enfrenta un posible costo político significativo. La medida, que incluye aumentos del 50% en tarifas de parquímetros, nuevos cobros como el impuesto por alumbrado público y mayores costos en trámites del Registro Civil, ha generado indignación en redes sociales, donde ciudadanos y empresarios cuestionan la administración. A esto se suma el descontento por problemas como el tráfico excesivo, la inseguridad, la falta de agua y una supuesta omisión en las funciones municipales. ¿Qué tan perjudicial será para la imagen de Galindo esta decisión, considerando su constante cabildeo con figuras como Fernando Chávez, Guadalupe Torres en el Gobierno Estatal y Héctor Serrano en el congreso?
La percepción generalizada de que "le están clavando el diente a los capitalinos" ha alimentado el escepticismo sobre el destino real de los impuestos recaudados. Este descontento podría convertirse en un obstáculo político para el alcalde, particularmente si los ciudadanos ven estas acciones como parte de acuerdos ocultos entre el gobierno municipal y estatal. Las críticas no solo apuntan al impacto económico, sino también a la falta de resultados visibles en infraestructura y servicios básicos, poniendo en entredicho la justificación de estas medidas. Galindo tendrá que enfrentar un panorama complicado si no logra recuperar la confianza ciudadana.

HALLAZGOS QUE REVELAN UNA REALIDAD OSCURA
Las contradicciones entre la Fiscalía General del Estado y el colectivo Voz y Dignidad pone de manifiesto la grave situación en municipios como Villa de Reyes y Villa de Arista. Mientras la fiscal general Manuela García Casares asegura que en la zona solo se encontraron restos óseos correspondientes a una persona, el colectivo contradice esta versión, afirmando que en dos fosas clandestinas se hallaron fragmentos humanos que podrían corresponder a hasta 50 víctimas. Edith Pérez Rodríguez, presidenta del colectivo, describió los hallazgos como evidencia de "cosas terribles" ocurridas en estas localidades, caracterizadas por el miedo y el silencio que imperan entre los habitantes.
La falta de acceso a la prensa y el temor que prevalece en estos municipios alimentan la percepción de impunidad y negligencia en el manejo de la violencia. Aunque el número exacto de víctimas será determinado por especialistas en antropología forense, los hallazgos subrayan una realidad alarmante: la existencia de territorios donde el crimen organizado opera sin restricciones aparentes. Este caso, más que una contradicción, es un recordatorio urgente de las deudas que las autoridades tienen con las familias de las víctimas y con la sociedad en general para esclarecer estos hechos y garantizar justicia.