Semana del 29 de Noviembre al 05 de Diciembre de 2024

Ya no más Hildas encarceladas en SLP

Ya no más Hildas encarceladas en SLP

Con la histórica despenalización del aborto en la entidad, vale la pena recordar que hace más de 11 años, cuando anualidades previas se había decidido criminalizar a las mujeres, una joven de 18 año se convirtió en una de los casos emblemáticos de la persecución del estado por algo que ni siquiera fue voluntario.

Hilda de 18 años de edad, es una mujer indígena originaria del municipio de Tamuín en la Región Huasteca, que en hace más de 11 años fue criminalizada por un aborto espontáneo que sufrió, sin embargo, la falta de empatía, existencia de creencias religiosas retrogradas entre médicos y otros factores la hicieron vivir un calvario.

Su historia cobra relevancia actualmente porque debe significar el final de la repetición de casos similares, luego que hace unos días en una votación histórica, 24 de los 27 congresistas del estado de San Luis Potosí aprobaron reformar el Código Penal del Estado para que el aborto hasta antes de las 12 semanas de gestación ya no sea considerado delito.

El 9 de julio de 2009, Hilda arribó al Hospital Básico Comunitario de Tamuín debido a que presentaba malestares, cólicos y sangrado vaginal. Ahí se le diagnosticó que tenía un embarazo de 6.1 semanas con restos embrionarios en el canal vaginal.

Derivado de ello, el personal médico la intervino y la practicó legrado uterino, sin embargo, dentro del expediente clínico los galenos que la atendieron establecieron que se trató de "aborto incompleto provocado", por lo cual una trabajadora social denunció el hecho al Ministerio Público.

A partir de ahí sobrevino el momento más triste, denigrante y violatorio de sus derechos humanos, ya que por varias horas estuvo custodiada por personal de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), luego fue detenida, pero al día siguiente fue liberada al no existir suficientes pruebas en su contra.

CIELO E INFIERNO
Desde entonces la mujer indígena pensó que todo había terminado aquel día, sin embargo, la persecución penal de la Procuraduría la llevaría hasta la prisión 4 años después, pues el 5 de abril de 2013 fue aprehendida por elementos de la extinta Policía Ministerial de Estado (PME), bajo la acusación de provocarse la interrupción del embarazo con pastillas.

Aunque pasó varias horas encarcelada después cubrió una fianza de 3 mil pesos para obtener la excarcelación, pero en esa misma fecha el Supremo Tribunal de Justicia del Estado la sentenció a un año de cárcel por aborto.

Cuando todo parecía oscuridad apareció Grupo de Información en Reproducción Asistida (GIRE), una organización de derechos humanos de la Ciudad de México dedicada al acompañamiento de mujeres que deciden abortar y que son incriminadas por el estado al decir hacerlo, la cual terminó por convertirse en su soporte legal y su salvadora.

Su intervención dio resultados al siguiente mes, ya que el 23 de agosto de 2013, la Quinta Sala Mixta del Poder Judicial del Estado revocó la sentencia inicial, porque no estaba acreditada la responsabilidad penal de Hilda por el delito de aborto, al no haberse definido el motivo de la interrupción fetal.

En el informe Niñas y Mujeres Sin Justicia. Derechos Reproductivos en México, a cargo de GIRE, describe el proceso para defender a la joven potosina, por ejemplo, remarca que los alegatos se centraron en la falta de pruebas de la autoridad judicial para fincar su responsabilidad penal.

Subraya que las pruebas presentadas por la otrora Procuraduría no se podía comprobar la responsabilidad de Hilda, ya que no fueron realizados los exámenes médicos y científicos necesarios: por ejemplo, el dictamen de necropsia, ni las pruebas periciales clínicas idóneas para determinar las causas que originaron el aborto.

Asimismo, el personal de salud condicionó la atención médica de Hilda a que admitiera haber ingerido una pastilla para provocarse un aborto, lo cual resulta en "una violación a sus derechos humanos, en específico a la no autoincriminación, así como a su integridad personal al ser sometida a tratos crueles e inhumanos".

Lo anterior en razón de que la declaración ministerial rendida por la sentenciada tuvo su origen en la confesión inicial que hizo bajo presión e intimidación ejercida por una médica del hospital, sin que estuviera presente una persona defensora.

Hilda narró que la atendió una doctora "de carácter demasiado fuerte" que le dijo "molesta y con un tono medio cortante que yo le estaba mintiendo", "yo me sentí asustada y un poco acorralada" y "al sentirme angustiada por el dolor que yo traía en mi vientre, le respondí pidiéndole que me ayudara".

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