Semana del 05 de Diciembre al 11 de Diciembre de 2025

Después de 15 años, se comprueba tortura de la PF contra vallense

Después de 15 años, se comprueba tortura de la PF contra vallense

En uno de tantos capítulos oscuros y degradantes del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, en la huasteca potosina un residente fue víctima del sistema inquisitorio y creador de "chivos expiatorios" de la flamante Policía Federal, que hoy la mantiene en una prisión federal.

Después de 15 años de haber sido aprehendido en el municipio de Ciudad Valles, torturado por horas a manos de 8 policías federales e incriminarse de pertenecer a un grupo del crimen organizado, secuestrar a una persona y poseer armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, se acreditó científicamente que un hombre recibió tratos crueles e inhumanos.

Así lo informa la Recomendación de Violaciones Graves No. 193VG/2025, a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que dio cuenta de severas irregularidades en el expediente CNDH/2/2024/2850/VG.

Como pocas veces sucede, la queja fue presentada por un interno del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 5 en Villa Aldama, Veracruz el 19 de febrero de 2024, en una de las últimas oportunidades para gritar su inocencia todavía lejana.

El hombre narra que fue arrestado aproximadamente a las 7:30 horas del 23 de agosto de 2010, cuando 8 elementos de la entonces Policía Federal (PF) irrumpieron en un domicilio localizado en Ciudad Valles.

En ese momento, se encontraba durmiendo junto a otras 4 personas. Según su declaración, los agentes derribaron la puerta, ingresaron disparando armas de fuego y agredieron físicamente a todos los presentes.

Tras la detención, fue sometido a tortura física y psicológica por agentes, quienes ejercieron violencia física y amenazaron para que se culpabilizara de delitos que desconocía, ejecutando en su agravio técnicas de ahogamiento.

Posteriormente, fue trasladado a San Luis Potosí y luego a la Ciudad de México, donde continuaron las agresiones. Finalmente, en la otrora Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO), fue obligado a firmar una declaración cuyo contenido desconocía, bajo amenazas de dañar a su familia si no lo hacía.

El dictamen médico elaborado por la entonces Procuraduría General de la República (FGR), describe una serie de lesiones en diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, excoriaciones y moretones; sobresale heridas en cada unos de los dedos de los pies, lo que supone que se le infringió daño de forma sistemática.

"Nos subieron a un avión trasladándonos a México a las oficinas de la Policía Federal donde me tuvieron parte del día y toda la noche hasta el otro día que me llevaron a la SIEDO, donde me siguieron golpeando diciéndome que tenía que declarar lo que ellos me decían, porque si no lo hacía iban a ir por toda mi familia y al no hacer lo que ellos me decían más me golpeaban y torturaban y al no declarar me hicieron firmar unas hojas en blanco a base de golpes", señala en la declaración ministerial donde denunció ante la FGR haber sido torturado por la PF.

LO MATARON EN VIDA
De acuerdo con dictamen Médico/Psicológico basado en el "Protocolo de Estambul", practicado por peritos del Poder Judicial de la Federación, sí existen elementos médico legales como secuelas de lesiones de tortura u otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes contextualizados en el protocolo de Estambul.

En cuanto a la parte psicológica, establece que los síntomas psicológicos que presenta revelan la presencia de una afectación psicológica de ansiedad con tendencia moderada y con evidencia reflejada en las reacciones psicosomáticas referidas y síntomas referidos, los ya mencionados asociados a la vivencia traumática.

Los síntomas y resultados descritos anteriormente corresponden con probabilidad a la narrativa de los hechos y, en consecuencia, con los métodos de tortura descritos, subraya la evaluación especializada.

Con lo anterior, es clara la severidad de las lesiones causadas por parte de los elementos de la entonces PF, con la finalidad de que se autoincriminara, quienes además lo amenazaron en múltiples ocasiones con causarle daño a su familia en caso de no confesar.

Para la Comisión Nacional, existió responsabilidad de los 8 oficiales al vulnerar el derecho a la integridad personal de detenido durante el tiempo que permanecieron bajo su custodia con motivo de su aprehensión.

Ello, al infligir de manera intencional actos de tortura que provocaron sufrimientos físicos y psicológicos, con el fin de intimidarlo, castigarlo y/o controlarlo, para conseguir un objetivo, que en este caso implicó autoincriminación y obtener información para una investigación criminal.

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