Semana del 02 de Enero al 08 de Enero de 2026

México, donde la justicia se administra y la violencia gobierna

México, donde la justicia se administra y la violencia gobierna

Por Julio Jiménez Martínez Vicepresidente del Cole

El desafío es enorme. Recuperar la confianza, fortalecer el Estado de derecho y garantizar seguridad no es una opción, es una urgencia. De lo contrario, el país seguirá enviando al mundo un mensaje claro y peligroso: que la incertidumbre se ha convertido en política pública.

El cierre de 2025 deja un balance inquietante para México en materia de seguridad, justicia y certeza jurídica. No se trata de percepciones aisladas ni de discursos alarmistas: los hechos, las decisiones gubernamentales y sus consecuencias han ido construyendo un escenario de profunda desconfianza, tanto al interior del país como frente a la comunidad internacional. Hoy, más que nunca, la pregunta no es si hay una crisis, sino hasta qué punto se ha normalizado.

Los recientes cambios en la Fiscalía General de la República marcaron un punto de quiebre. La salida de Alejandro Gertz Manero y la llegada de Ernestina Godoy no solo representaron un relevo institucional, sino la confirmación de que la autonomía prometida para una de las instituciones clave del Estado mexicano sigue siendo una asignatura pendiente. La figura del llamado "fiscal carnal", que en su momento parecía intocable, terminó evidenciando una verdad incómoda: en política no existen errores, solo decisiones mal tomadas y consecuencias inevitables.

El mensaje que hoy envía México al mundo es preocupante. Incertidumbre, desconfianza y temor son palabras que se repiten en los círculos empresariales, jurídicos y diplomáticos. La violencia sin control, la extorsión generalizada, la corrupción y la impunidad no solo persisten, sino que parecen haber sido administradas en lugar de combatidas. Casos emblemáticos en entidades como Sinaloa, Michoacán y Guerrero muestran cómo la delincuencia organizada ha dejado de ser un fenómeno periférico para convertirse en un factor de poder real, capaz incluso de influir en procesos electorales.

En este contexto, el Estado de derecho se debilita peligrosamente. Las recientes reformas constitucionales y los cambios a la Ley de Amparo han colocado a ciudadanos, víctimas del delito y abogados litigantes en un estado de indefensión alarmante. La figura de los llamados "jueces del bienestar" ha encendido las alertas en el gremio jurídico: perfiles sin la formación, experiencia ni autonomía necesarias para impartir justicia de manera imparcial. Esto no solo afecta a quienes litigan en tribunales, sino a toda la sociedad, que ve cómo la justicia se vuelve lenta, selectiva y políticamente condicionada.

La preocupación no termina ahí. De cara a 2026, el panorama no parece alentador. México se prepara para recibir miles de turistas con motivo del Mundial de Futbol, pero no existe una estrategia clara y contundente en materia de seguridad. La percepción es que el gobierno federal continúa apostando por la simulación y por acuerdos inconfesables con grupos delictivos, mientras se persigue a empresarios, contribuyentes y ciudadanos incómodos. La justicia parece haberse desviado de su función esencial para convertirse en un instrumento de presión.

El impacto económico de esta política es evidente. Inversiones nacionales e internacionales están siendo suspendidas o diferidas. Proyectos productivos que generarían empleo, derrama económica y recaudación fiscal han quedado en pausa ante la falta de certeza jurídica. El capital no huye por capricho; se retrae cuando no existen reglas claras ni garantías mínimas de seguridad.

A ello se suma una política fiscal y laboral que, lejos de incentivar la productividad, la encarece. El aumento de impuestos, particularmente en rubros como los impuestos especiales a la producción y servicios, así como la prohibición sin regulación efectiva de productos como los vapeadores, recuerdan a épocas de prohibicionismo que solo fortalecen mercados ilegales. Mientras tanto, zonas emblemáticas de la capital del país exhiben abiertamente escenas de narcomenudeo y consumo, enviando un mensaje demoledor al turismo y a la llamada industria sin chimeneas, uno de los pilares de la economía nacional.

La insistencia en sostener programas sociales como principal herramienta de gobernabilidad, sin un respaldo sólido de crecimiento económico, genera un riesgo adicional: inflación, pérdida de competitividad y debilitamiento del sector productivo. El posible ajuste a la jornada laboral de 40 horas, combinado con incrementos salariales, puede sonar atractivo en el discurso, pero en la práctica amenaza con reducir productividad, encarecer nóminas y provocar despidos.

El resultado es un círculo vicioso: menos inversión, menos empleo, mayor dependencia de apoyos gubernamentales y una narrativa que culpa al empresariado de problemas estructurales. Así, México llega al umbral de 2026 con un Estado debilitado, instituciones cuestionadas y una sociedad que comienza a resentir los costos de la simulación.

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