Semana del 02 de Enero al 08 de Enero de 2026

Patrullas falsas, poder real, ¿Quién manda en San Luis Potosí?

Patrullas falsas, poder real, ¿Quién manda en San Luis Potosí?

San Luis Potosí no necesita policías improvisados ni mesías digitales. Necesita legalidad, firmeza y un mensaje claro:

Lo que ocurre en San Luis Potosí en materia de seguridad no puede analizarse solo desde los partes oficiales o los discursos institucionales que hablan de "saldo blanco" y operativos exitosos. Hay una realidad paralela, más ruidosa y peligrosa, que se construye desde la simulación, el espectáculo y el vacío de autoridad. Una realidad que, lejos de fortalecer a las instituciones, las exhibe.

En los últimos días, la Huasteca potosina volvió a colocarse en el centro del debate público no por una estrategia sólida de seguridad, sino por la aparición de un actor que decidió asumirse como autoridad sin serlo. La difusión en redes sociales de un vehículo rotulado como "patrulla ciudadana", con torreta, cromática similar a la oficial y aditamentos propios de corporaciones policiacas, no fue producto de una filtración ni de una denuncia externa. Fue una exhibición deliberada. Una provocación abierta.

El mensaje es grave: un civil anunciando la creación de un esquema de "vigilancia" propio, al margen del municipio, del estado y de la federación. No se trata de una ocurrencia inofensiva ni de una broma de mal gusto. Es una acción que vulnera directamente el marco legal, desde la Ley de Seguridad Pública hasta el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pasando por la prohibición expresa de la usurpación de funciones y el uso indebido de símbolos, vehículos y equipamiento reservado al Estado.

El problema de fondo no es solo la ilegalidad del acto, sino lo que representa: un reto frontal a las instituciones. Cuando alguien se siente con la libertad de "crear" su propia policía y anunciar que comenzará a operar en enero, el mensaje implícito es que la autoridad no importa, no existe o no tiene capacidad de reacción. Eso, en un estado con antecedentes de violencia, autodefensas y conflictos sociales, es una mecha encendida.

La seguridad pública, según la Constitución, es una función exclusiva del Estado mexicano. No es un terreno para experimentos personales, ocurrencias mediáticas o proyectos de ego. Permitir que se normalice el discurso de las "patrullas ciudadanas" sin control ni sanción abre la puerta a escenarios de inestabilidad mucho más complejos. Hoy es una camioneta rotulada; mañana puede ser un grupo armado que se asuma juez y verdugo.

Este tipo de acciones no surgen en el vacío. Se alimentan de la tolerancia política, de los cálculos electorales y de la creencia de que ciertos personajes "suman votos" aunque resten legitimidad. Ahí radica el verdadero riesgo: cuando el poder permite que un personaje con antecedentes de engaño, simulación y promesas incumplidas se convierta en un actor visible, el daño no es solo reputacional, es estructural.

La narrativa del salvador, del "yo sí voy a cuidar a la gente", se sostiene sobre la descalificación constante de las autoridades formales. Es una estrategia conocida: primero se desacredita al gobierno, luego se ofrece una solución personal y finalmente se busca capitalizar políticamente el descontento. El problema es que, en materia de seguridad, este juego tiene consecuencias reales.

La historia reciente de la Huasteca ya conoce los costos de permitir que grupos o individuos asuman funciones que no les corresponden. No hace falta encender más resentimientos ni alimentar la percepción de abandono para generar focos de conflicto. La estabilidad social no se construye con likes, transmisiones en vivo ni discursos incendiarios, sino con instituciones fuertes y respeto a la ley.

A esto se suma otro elemento preocupante: el uso de las redes sociales como tribunal moral. El anonimato facilita la difamación, la amenaza y la desinformación, pero también se convierte en un escudo para quienes prefieren el espectáculo antes que la rendición de cuentas. La creatividad y la imaginación, mal encauzadas, terminan siendo herramientas para señalar, acusar y dividir, no para construir.

En paralelo, el contexto nacional tampoco es menor. Las investigaciones que avanzan en torno a figuras cercanas al poder, las presiones internacionales y los reacomodos políticos muestran que el país atraviesa un momento delicado en términos de seguridad y gobernabilidad. Pensar que San Luis Potosí es una isla ajena a ese escenario es un error. Lo que aquí se tolere hoy puede escalar mañana.

La autoridad no puede darse el lujo de mirar hacia otro lado. Aplicar la ley no es persecución política ni revancha; es una obligación constitucional. Permitir que cualquiera se enfunde una casaca, se suba a una camioneta con torreta y se asuma como garante del orden es abdicar del Estado de derecho.

El verdadero desafío no es callar las voces críticas ni esconder los problemas bajo el discurso del "todo está bien". El desafío es demostrar, con hechos, que las instituciones existen, funcionan y no están dispuestas a ser ridiculizadas. Porque cuando la autoridad se convierte en espectadora, el vacío lo ocupa el caos.

La seguridad no se negocia, no se simula y no se usa como plataforma personal. Lo contrario no solo es irresponsable; es peligrosamente incendiario.

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