Semana del 18 de Abril al 24 de Abril 2014

Periodistas a la deriva

Periodistas a la deriva

Roberto Rock L.

Este fin de semana se cumplieron dos meses del secuestro y asesinato del periodista veracruzano Gregorio Jiménez, el primer informador muerto durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Cada día se acumulan más evidencias de que su labor, desempeñada bajo modestísimas condiciones, le atrajo el ataque que lo privó de la vida. Su nombre se suma al de casi un centenar de diaristas mexicanos victimados desde el año 2000, además de una docena más desparecidos.

La impunidad, el fracaso de las políticas públicas aplicadas para encarar el problema y la lamentable incapacidad del gremio periodístico y de los medios de comunicación para articular una protesta consistente hacen prever que México seguirá siendo una zona letal para el trabajo informativo.

En días recientes se produjeron dos eventos que no hacen sino documentar que este drama no avista una próxima salida; antes al contrario, al parecen vamos en retroceso. Aún parece faltarnos para tocar piso en esta tragedia que sacrifica la vida de periodistas, mina la libertad de expresión en el país y desploma la imagen de México en el mundo.

La pasada semana nos trajo la creación en la ciudad de México de un “foro nacional” de periodistas y “comunicadores”, denominación esta última ambigua, pues usualmente corresponde a funcionarios públicos dedicados a la comunicación social o política. Es loable que los informadores se agrupen, en un entorno en el que ni estos profesionales ni los medios –especialmente los impresos- han tenido ni el talento ni la altura de miras para formar asociaciones sólidas, que defiendan el oficio o a la industria periodística, tan minada por el nuevo ecosistema digital.

El referido “foro nacional” ofrece una manzana que puede ser venenosa, pues su nacimiento fue auspiciado por personajes del norte del país ligados con el PRI. Varios de los flamantes directivos tienen ellos mismos ligas con el partido ahora en el gobierno federal. Al evento acudieron dos ex gobernadores priístas de Chihuahua, Patricio Martínez y José Reyes Baeza, cuya gestión al frente de aquel estado se distinguió por su incompetencia y apatía ante los crímenes de periodistas. También acudió una representante del gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés, cuyo único sello ha sido la corrupción rampante en su gobierno, sus “comunicadores” incluidos.

Dos de los casos más emblemáticos de atentados contra periodistas en la última década –además de Gregorio Jiménez- son los de Armando “Choco” Rodríguez, victimado el 13 de febrero de 2008 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Alfredo Jiménez Mota, desaparecido en abril de 2005 en Hermosillo, Sonora. Ni Martínez, ni Baeza ni Padrés parecen haber dedicado un solo minuto de su tarea pública a esclarecer esos casos. Fueron omisos y, por ello, cómplices de la impunidad.

El segundo evento reciente al que debe aludirse es la convulsión registrada en aras de este tema dentro de la Secretaría de Gobernación que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong, y en particular en la Subsecretaría de Derechos Humanos a cargo de Lía Limón. En esta área se halla el denominado Mecanismo para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, un ente inspirado en la experiencia de Colombia, pero que se ha convertido en una caricatura dominada por actos fallidos, protagonismos abundantes, caos administrativo y una abrumadora falta de voluntad política.

Juan Carlos Gutiérrez, un reconocido abogado en materia de derechos humanos, colombiano de origen, dejó la conducción del Mecanismo como resultado de un diagnóstico elaborado por el organismo Freedom House –y patrocinado por USAID, del gobierno de Estados Unidos-, que da cuenta del caos administrativo y operativo provocado durante su gestión.

El Mecanismo fue creado en los últimos meses del gobierno de Felipe Calderón como un esfuerzo oportunista que buscó enderezar el oscuro legado del mandatario panista en estos temas. El apresuramiento de entonces tuvo fiel seguimiento en la improvisación actual.

El Mecanismo busca ser una instancia preventiva de ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos. Tiene la autoridad para dictar medidas cautelares entre las que se incluyen escoltas, vehículos blindados, cámaras y otros equipos de vigilancia. Cuenta con un presupuesto asignado de 140 millones de pesos.

En la gestión de Gutiérrez nunca se crearon los protocolos que definieran criterios sobre qué apoyos asignar, por cuáles motivos o por cuánto tiempo. Este vacío fue propicio para organizaciones no gubernamentales urgidas de notoriedad pública que les atrajera patrocinios internacionales, o para periodistas con egos muy robustos, que consideran una nota de prestigio disponer de escoltas pagadas con fondos públicos.

A casi 18 meses de iniciado la administración Peña Nieto, y ante la falta de criterios legales y operativos, decenas de agrupaciones de derechos humanos han recibido algún tipo de medida cautelar -presumiblemente las más cercanas a los afectos del señor Gutiérrez-, sin más argumentos que decirse amenazadas. En el mismo caso se hallan muchos periodistas que aseguran haber recibido un mensaje intimidante en sus teléfonos celulares o una carta debajo de la puerta. En un caso se demostró a la beneficiaria que tal mensaje telefónico –que ella dijo haber borrado por miedo- nunca existió. Otra más acostumbra usar a su escolta para hacer las compras en el supermercado. Hay un periodista que exige se le compre una casa porque se dice “desplazado” por la violencia en su ciudad.

Un directivo en México de una agencia inglesa dedicada a estos temas buscó un amparo judicial para impedir que le retiraran a sus escoltas cuando se le argumentó que no había justificación para ello. Las autoridades se saben maniatadas para exhibir a estos personajes protagónicos porque saben que es políticamente incorrecto. Pero también han sido incapaces de darle institucionalidad al referido Mecanismo. En este momento hay al menos tres decenas de escoltas federales asignadas, cada una de las cuales –con vehículo blindado y otros recursos- cuesta a los contribuyentes el equivalente a 50 mil pesos mensuales.

Mientras esto ocurre, modestos reporteros de todo el país, especialmente en provincia, cubren todos los días actividades del crimen organizado o combaten a políticos corruptos sin capacidad de pedir algún tipo de protección. Cuando son asesinados, como Gregorio Jiménez, “Choco” Rodríguez, o desparecidos como Alfredo Jiménez, siempre surge un “colega”, un “comunicador” o un fiscal que pone en duda su honorabilidad y asume que tenía ligas con los criminales, o que su asesinato se debió a “conflictos pasionales”, que tampoco esclarecen nunca.

Existe también la fiscalía de la PGR para combatir delitos contra la libertad de expresión. No es que haya tenido logros espectaculares, pero existen indicios de consignaciones importantes e investigaciones avanzadas, lo que podría dar una señal de la que impunidad va cediendo. En este tema, la impunidad es el mayor cáncer, el principal motor del miedo y la autocensura. Pero por algún motivo, el gobierno Peña Nieto ha determinado no hacer públicas estas acciones, ni fortalecer esta tarea, lo que supondría una señal de que entiende esta agenda y que la da relevancia política. Por este camino, alguien puede dar un paso adelante, pero siempre parece haber otro dispuesto a que sigan los pasos hacia atrás.