Sábado, 17 de Agosto de 2019
CIUDAD VALLES, S.L.P.
DIRECTOR GENERAL.
SAMUEL ROA BOTELLO
Semana del 19 de Julio al 25 de Julio de 2019

Las mentiras de Sebastián

Las mentiras de Sebastián

Fernando Garduza


Un simple error o una señal de soberbia, ha puesto en el ojo del huracán al Gobierno de Xavier Nava Palacios; el edil y sus colaboradores más cercanos dan muestra de que la Soberbia es la virtud de los estúpidos, una negativa actitud que lo ha puesto en el camino de la debacle en su aspiración de ser candidato a Gobernador en el 2021.

Luego de varios días de estar “fuera de circulación”, el sábado pasado reapareció el secretario general del ayuntamiento, Sebastián Pérez García, quien fue entrevistado, nuevamente, sobre el tema de la oficial 11 del registro Civil, María Teresa Carrizales Hernández.

A su consideración, saber quién ordenó el operativo para desalojarla no es importante, pues el alcalde Francisco Xavier Nava Palacios ya ordenó una investigación, y de su lado, la Fiscalía General del Estado ya se encarga de eso. Tal vez lo verdaderamente importante será saber quién tenía intereses en quitar a la servidora pública, quien se convirtió en una persona incómoda para la administración navista.

EL ERROR DE SEBASTIAN
Tal y como lo publicó EMSAVALLES la semana pasada, el detonante para la salida de Carrizales Hernández, luego de una persecución en su contra, fue una denuncia por cobros indebidos en los servicios que presta el registro civil, y el “gran error” de la oficial fue levantar la voz ante una administración que ya ha sido señalada de intolerante y corrupta.

Ahora, después de platicar con Carrizales Hernández fue posible conocer más detalles del caso en torno a los cobros indebidos del ayuntamiento, que más allá del violento desalojo tiene vida propia, dado que es un reflejo de los malos manejos generados, por decirlo a la ligera, por inexperiencia o ignorancia (o las dos), características que más allá de restarle importancia al asunto, se convierte en un agravante.

DESDE EL INICIO DEMOSTRARON SOBERBIA
En enero, el área de Normatividad y Asuntos Institucionales del ayuntamiento de San Luis Potosí, entregó a Carrizales Hernández los precios de los servicios del registro civil para el año 2019. Inmediatamente la oficial realizó el cálculo y le informó a la enviada del secretario general que los precios estaban mal: “sí, ya vez cómo es el Congreso, uno les manda unos precios y te ponen otros, además es orden de Sebastián”, fue la respuesta que recibió.

Entonces, la oficial del registro civil se puso en contacto con el director de Ingresos del ayuntamiento, Ignacio Ramírez Diez Gutiérrez, con quien estuvo insistiendo en torno a este tema hasta marzo.

En el inter, Carrizales Hernández amagó con llevar el caso a la Contraloría Municipal.
El propio director de Ingresos le confirmó que él también se dio cuenta desde el principio de los cobros indebidos, sin embargo, aseguró que eso ocurrió solamente en las oficialías y no en otros derechos o impuestos municipales. “Él vio que estaba mal y acudió con el personal de Sistemas para que lo corrigieran, sin embargo, dicha área tenía una orden del secretario general de dejarlo así”, narró Carrizales Hernández.

“Yo lo sé y estoy completamente de acuerdo contigo, ya lo platiqué con Óscar (Valle Portilla), sabe que se debió haber informado a Contraloría y está de acuerdo conmigo, pero Sebastián era quien presionaba para no dar solución al caso”, le dijo el director de Ingresos a la oficial.

En algún momento de este lapso, los primeros tres meses del año, Ramírez Diez Gutiérrez trató el tema con el tesorero Rodrigo Portilla y con el entonces oficial mayor, Valle Portilla, y la solución que plantearon fue donar el recurso excedente al DIF Municipal. “pero era dinero obtenido mediante un cobro indebido, lo que se convertiría en un fraude, yo cuestioné cómo iban a ingresarlo y luego donarlo, pues era un recurso ilegal”.

Cuando en enero, el secretario general Pérez García mandó la lista de precios, envió copia al secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, sin embargo, el oficio con la fe de erratas fechado el 1 de abril, ya no le fue entregado, con lo cual el ayuntamiento no le dio cuenta del error.

Otra irregularidad detectada por la oficial del registro civil fue que el ayuntamiento debió tomar como base para los cobros la Unidad de Medida de Actualización (UMA) con valor de 84.49 pesos, sin embargo utilizó el valor del salario mínimo, 102 pesos. “Es grave que el secretario general, director de ingresos, oficial mayor, tesorero, jurídico, Contraloría, no sepan que las UMAS y los salarios mínimos no son lo mismo”.

DEJARON CRECER EL PROBLEMA
A consideración de Carrizales Hernández, el secretario general tuvo que haber ido directamente a Contraloría Municipal para informar sobre su error desde el principio, sin embargo no lo hizo dado que su verdadera intención nunca fue enmendar el error, sino que lo hizo a partir de la presión generada tanto por la propia oficial como por la opinión pública a partir de que el caso se hizo público.

A la oficial del registro civil le dijo el propio director de Ingresos, Ramírez Diez Gutiérrez, que ya dejara el asunto por la paz, “porque Sebastián ya ni siquiera lo quiso recibir para tratar el tema, ‘para qué te buscas problemas, déjalos’”. Entonces, ella se acercó a la Contraloría Municipal para preguntar qué procedería en un caso de esta naturaleza (sin mencionar los detalles del mismo), a lo que le dijeron que tenía que ir un usuario a reclamar, o que fueran al Congreso del Estado. Esto ocurrió ya en abril.

EL CASO SE HIZO PÚBLICO
Carrizales Hernández, ya con el error corregido, siguió presionando en el ayuntamiento, pero ahora para ver qué uso darían al excedente recibido ilegalmente, y al no recibir respuesta e incluso ser vetada de la Unidad Administrativa Municipal (UAM) donde ya no la recibía, decidió hacer público el caso tanto en redes sociales con en medios de comunicación.

“Entonces el secretario se subió al tema en medios y declaró que ahí estaba el dinero y que cualquier persona que fuera con su recibo se le entregaría en la caja la diferencia, mediante un desplegado informaron del asunto sin embargo este mecanismo de retribución de los recursos también sería ilegal dado que el ayuntamiento no puede regresar dinero ya recaudado, debería dar una nota de crédito”.

Días después, Pérez García volvió a declarar en torno al tema, pero ahora asegurando que ya estaba el 100 por ciento del dinero restituido, que los usuarios fueron a la UAM y que ya no tenían ese dinero, sin embargo, el mismo día, pero el tesorero Rodrigo Portilla declaró que no, que todavía tenían todo el dinero y que ninguna persona había ido a reclamar, y que si no lo reclamaban lo iban a ingresar como recurso extraordinario.

Luego, contradiciéndose nuevamente, Pérez García dijo que el dinero sería entregado por medio de las oficialías del registro civil, lo cual fue cuestionado por Carrizales Hernández dado que esta versión daba pie a pensar que el ayuntamiento habría enviado los recursos a las oficialías, y si nadie lo reclamaba, entonces los propios oficiales del registro civil se quedarían con él. Desde abril Carrizales Hernández utilizó sus redes sociales para refutar las declaraciones contradictorias de Pérez García.

DESALOJO, AMENAZAS Y REPRESALIAS
El lunes 1 de julio ocurrió lo que el martes 2 se volvió viral en redes sociales y medios de comunicación. Carrizales Hernández fue desalojada con excesivo uso de la fuerza por parte de agentes capitalinos encabezados por el director general de Seguridad Pública Municipal, Édgar Oswaldo Jiménez Arcadia.

Sin embargo, un hecho no conocido hasta el momento fue que el mismo lunes, cargadores enviados desde la Secretaría General acudieron a la oficialía 5 para realizar una “mudanza”, pues el ayuntamiento ya no había pagado el arrendamiento de esas oficinas, ubicadas en Xicoténcatl 1504, y que por ello sería trasladada a la UAM. La titular de esa oficialía es María Concepción Hernández de León, madre de Teresa Carrizales, quien ve este hecho como una venganza.

Cuenta Carrizales Hernández que días antes, el viernes, fue requerida en el área de recursos humanos de la UAM, donde dos hombres la encerraron en un cubículo y trataron de amedrentarla, diciéndole que tenían un mensaje del secretario, que fuera a su oficina a pedirle perdón y ahí él iba a decidir qué hacía con ella.

Ella se salió de la oficina y les dijo que si el secretario tenía algo que decirle, lo esperaba el lunes en su oficina, “es más fácil que él se vaya a que yo me vaya”, agregó. Esto provocó que ese mismo día, en la tarde, Pérez García enviara a su secretaria a cambiar las chapas de la oficialía 11 del registro civil.

“Yo en la tarde regresé y ya no pude abrir, entonces fui al ministerio público a levantar una denuncia por despojo contra quien resultara responsable, la Fiscalía me instruyó para que fuera al lugar pero con la fuerza pública, para que verificaran y levantaran un reporte. Había archivos abiertos, luces prendidas y sustrajeron ordenamientos, su computadora y dinero en efectivo; ese reporte fue anexado a la denuncia, de ahí se vino lo que ya todos saben”.

Carrizales Hernández concluyó que, en este caso, tanto en los cobros irregulares como en el desalojo, altos funcionarios de la administración de Nava Palacios, “ha demostrado un alto grado de abuso, una ignorancia inexplicable, y se creen intocables, son soberbios”.

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