Jorge Chessal Palau
Se pronostica una oleada de amparos derivada de violaciones a la Constitución
En el tema de la reforma para la militarización de la Guardia Nacional, en cuanto al escenario jurÃdico y sus consecuencias, se trata de un escenario muy complejo desde diferentes perspectivas. La primera de ellas es que la reforma que se hizo es inconstitucional, tanto de fondo como de forma; en la forma, hay que recordar y esto muy vinculado con la actividad periodÃstica, hace un par de semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió echar hacia abajo las reformas que se habÃan hecho a la Ley de Telecomunicaciones en lo que se dio en llamar el derecho de las audiencias, en donde se pedÃa que como comunicadores tuvieran que distinguir cuándo era una opinión, cuándo era una noticia, etcétera, y la razón por la que resolvió en ese sentido fundamentalmente fue porque se violentó el proceso legislativo, es decir, no se respetaron las formas ni los tiempos.
Y en el caso de la reforma relacionada con la Guardia Nacional, vemos que el mismo dÃa que se presenta la iniciativa se discute en el pleno, se dictamina, se turna la Cámara de Senadores, entonces no se respetan las formas en la Cámara de Diputados; la Cámara de Senadores hace un poquito más, pero también violentando los reglamentos internos y finalmente el mismo dÃa que se aprueba, se publica por la tarde en el Diario Oficial de la Federación; entonces ya nada más por esa parte, de la forma, hay una violación a la Constitución.
Y por el lado del fondo, el artÃculo 21 constitucional señala que la Guardia Nacional va a tener un mando civil, y el artÃculo 129 habla de que en tiempo de paz los militares no podrán tener ninguna otra actividad que no sea la vinculada estrictamente con la disciplina castrense, lo cual de fondo implica que esta reforma viola la Constitución. ¿Qué va a suceder? La Guardia Nacional es una policÃa civil con un mando militar integrado ahora a la SecretarÃa de la Defensa, que va a realizar ahora labores de investigación de delitos y acciones relacionadas con delito, que finalmente parten de atribuciones inconstitucionales de estos nuevos policÃas, lo cual podrá ser impugnado en los procesos penales, podrá ser materia de juicios de amparo y vamos a ver que nada más por este capricho van a posibilitar que muchos delincuentes puedan obtener su libertad, en función de que las actividades de investigación estén mal realizadas por un cuerpo inconstitucional.
Se viene una oleada de amparos porque va a haber acciones de inconstitucionalidad planteadas por las minorÃas legislativas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, es decir, se necesita por lo menos un 33% de los integrantes de cada cámara para que pueda promover cada una de ellas una acción de inconstitucionalidad, me parece que esos porcentajes sà lo reúnen, y adicionalmente creo que vamos a ver que cada labor de investigación y cada detención que realice la Guardia Nacional, va a ser impugnada en vÃa de amparo.
De ahora en adelante los abusos de la Guardia Nacional contra ciudadanos se van a juzgar el fuero militar o en el fuero común tendrán que ser juzgados en tribunales civiles, porque esto ya ha sido materia de resoluciones de la Corte y está asà mismo determinado en la propia Constitución, cualquier delito que involucre a un civil, independientemente de que este sea cometido por militares o no, tendrá que ser juzgado ante tribunales del orden civil, es decir tendrá que ser la FiscalÃa General de la República la que formule la acusación y tendrá que ser el Poder Judicial de la Federación quien resuelve, no entrarÃan los tribunales militares.
Sin embargo los tribunales militares sà podrÃan juzgar delitos vinculados con la disciplina militar, pero que no necesariamente tienen que estar involucrados civiles, un ejemplo, hace un par de meses hubo una denuncia en medios de comunicación a nivel nacional y luego una reacción por parte de la SecretarÃa de Marina, donde se dio a conocer que se habÃan dado de baja a varios marinos que estaban involucrados en la venta de chalecos y de material bélico a la delincuencia organizada, y que el Almirante Secretario simplemente dijo que los habÃan dado de baja de la Marina.
En aquella ocasión en realidad lo que deberÃan de hacer, era procesarlos penalmente en el ámbito militar, porque el robo fue en instalaciones militares y ese tipo de cuestiones sà son delitos del orden militar, independientemente de que además el proveerle armas a la delincuencia organizada, o chalecos, o instrumental, también constituye un delito del orden civil, entonces sà vamos a tener este tipo de dudas, vamos a tener las dos jurisdicciones, pero siempre que participen civiles tendrán que ser tribunales del orden civil.
Independientemente de que en la parte polÃtica hemos sido testigos de un muy bochornoso espectáculo, en donde después de que a Alito Moreno le pegaban cada semana con los audios, etcétera, decidió salvar su pellejo vendiendo el voto de la bancada priÃsta en relación con este tema de la Guardia Nacional, y con la Iniciativa de reforma constitucional que presentó la diputada Yolanda de la Torre, en donde quebrantan la moratoria constitucional que se habÃa determinado.
Al margen de esa parte polÃtica, esta reforma de la Guardia Nacional está militarizando las actividades de seguridad, van a tener este mandato conferido por disposición de esta norma inconstitucional que se acaba de aprobar y si se da la extensión que se pretende dar, de mandato a la Guardia Nacional, por lo menos hasta el 2028, pues simple y sencillamente lo que tenemos es un riesgo inminente para la ciudadanÃa de una violación absoluta de derechos fundamentales.
¿A qué me refiero? Al debido proceso, las privacidades de comunicación, el cumplimiento de las reglas de los procesos civiles, todo ese tipo de cuestiones obedecen a un diseño institucional que corresponde a instituciones de un gobierno civil, en el momento que esto se somete al mando militar, atienden a formaciones y reglas distintas y va a ser muy sencillo que se quebrante y puedan ser violentadas.
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