Sábado, 20 de Abril de 2024
CIUDAD VALLES, S.L.P.
DIRECTOR GENERAL.
SAMUEL ROA BOTELLO
Semana del 14 de Octubre al 20 de Octubre de 2022

SLP: violencia contra periodistas y las promesas del gobierno

SLP: violencia contra periodistas y las promesas del gobierno



El pasado 28 de septiembre, la Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del estado de San Luis Potosí presentó al Mecanismo estatal el tercer informe trimestral de sus actividades.

El documento detalla la actividad realizada en tres períodos, el primero comprendido entre noviembre de 2021, cuando se instaló el Mecanismo de Protección, y marzo de 2022; el segundo entre abril y junio; y el tercero entre julio y septiembre de este año.

En total, la Unidad ha atendido 206 casos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que han considerado su actividad en riesgo; 79 en el primer trimestre, 56 en el segundo y 71 en el tercero; es decir, entre el segundo y el tercer trimestre las amenazas contra la defensa de los derechos humanos y el ejercicio del periodismo se incrementaron en un 40%.

Entre los 206 casos atendidos desde la instalación del Mecanismo, 94 son defensoras o defensores de derechos humanos; y el resto, periodistas; sin embargo, no todos han podido ser atendidos en la entidad, pues al haber autoridades estatales involucradas, la mayoría se han derivado al Mecanismo federal, como lo indica la Ley.

Así, entre noviembre de 2021 y marzo de 2022 el 88% de los casos se enviaron al Mecanismo federal; 78% entre abril y junio de 2022; y 71% entre julio y septiembre también de este año.

La capital de San Luis Potosí es donde más se han registrado casos de agresiones al periodismo o la defensa de derechos humanos; le sigue Ciudad Valles, luego Matehuala, después Rioverde y finalmente el municipio de Tanquián de Escobedo.

LOS PEROS
Desde el 4 de enero de 2022 soy integrante del Mecanismo estatal de protección a periodistas y defensoras; pero, además, en 2021 participé, junto con mis compañeras de la Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí en el análisis y modificación del proyecto de la Ley de Protección.

Cuando finalmente entró en vigor y estuvo en puerta la integración de este órgano colegiado me pareció natural la búsqueda de un espacio para continuar incidiendo; sin embargo, el gobierno estatal optó por hacernos a un lado, hacer a un lado la propia Ley e integrar el Mecanismo, el 4 de noviembre de 2021, sin siquiera convocar a la prensa para dar cobertura al evento.

Con ese mal presagio, cuando se abrió, participé en el proceso de selección que, después descubrimos, resultó largo, costoso y complejo. La cantidad de requisitos y la escasa voluntad del gobierno estatal para difundirlo y convocar a interesados o interesadas en las cuatro zonas del estado, derivaron en una participación escasa y en algo peor: hubo tan pocas postulaciones que, en el caso de las defensoras y defensores de derechos humanos, no se cumple el principio de paridad y únicamente hay dos varones en representación de dicha población dentro del Mecanismo.

A nueve meses de formar parte de este espacio, con la fecha en puerta para que se abra una nueva convocatoria para que otros periodistas; e incluso defensoras o defensores se postulen para relevarnos a los actuales representantes, considero necesario recontar, no solo pensando en números, sino en personas.

NOS URGE HACER AUTOCRÍTICA.
Por ejemplo, que entre todos los casos registrados, la mayoría vayan al Mecanismo federal indica dos cosas muy graves: primero, que las autoridades locales son autoras, en buena medida, de las agresiones a periodistas y defensoras; y, segundo, que no hay voluntad del gobierno de cumplir con lo que mandata la Ley de Protección y, además de actuar cuando ya se produjo una agresión, PREVENIR otras futuras.

Muchos y muchas solicitantes de protección al Mecanismo, cuando son derivados al federal, terminan por desistir del proceso y antes que señalarles por eso, toca ponernos en sus zapatos y preguntarnos cuál es nuestra propia percepción de la efectividad de los procesos institucionales; e incluso cuál es, en términos reales, la evidencia de que dichos procesos son (o no) caminos (u obstáculos) para el acceso a la justicia.

LAS PROMESAS
El mismo 28 de septiembre, después de meses y meses en que solicitamos la presencia del secretario general del gobierno estatal en las sesiones del Mecanismo, que de hecho preside por Ley, José Guadalupe Torres Sánchez abrió un espacio en su agenda para reunirse con periodistas de las cuatro zonas del estado.

Un grupo de colegas tomaron la voz para compartir testimonios y exponer realidades que han sido puestas sobre la mesa en un sinfín de reuniones previas, por ejemplo, de la Comisión Especial de Atención a Periodistas en el Congreso del Estado, o con el titular de la Fiscalía General del Estado, sin que hubiera cambiado nada.

Desde situaciones gravísimas, como amenazas y agresiones del crimen organizado en la Zona Media; hasta violencias cotidianas que parecen normalizadas, como el maltrato por parte del equipo de Seguridad del gobernador, o el condicionamiento para el acceso a las agendas por parte del personal de Comunicación Social, en todas las dependencias públicas.

Después de escuchar, el secretario hizo compromisos:
Primero, para coordinar el envío de un oficio a las alcaldías de los 58 municipios y a todas las dependencias del Poder Ejecutivo, con el fin de hacer un llamado a respetar la libertad de expresión y la labor periodística. Esta actividad, adelantó, no debería tomar mucho tiempo.

En segundo lugar, se comprometió al titular de la Fiscalía General del Estado a entregar un reporte de las carpetas de investigación abiertas por delitos cometidos contra periodistas en la entidad, tanto en lo que va de esta, como durante la anterior administración.

También, de coordinar las reformas necesarias a la Ley de Protección para que la representación ciudadana en el Mecanismo de Protección considere la adhesión de personas originarias de las cuatro zonas del estado; entre otras cosas.

... y, por último, a que se integraría un proyecto, antes del 15 de octubre, para dotar de presupuesto al Mecanismo estatal de protección y, así, desahogar una serie de necesidades que han quedado evidenciadas durante el primer año de vida de ese colegiado, por ejemplo: capacitación para la Unidad de Protección y para los propios integrantes del Mecanismo; la creación del Fondo para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos; o la elaboración de campañas de difusión sobre el alcance y la existencia misma del Mecanismo o de la propia Ley.

Si bien no han caducado los plazos, lo cierto es que el tiempo ha avanzado y, al menos al cierre de este texto, a una semana entera de dicha reunión, nada se ha hecho para cumplir, de perdida, con una de todas las asignaturas.

Un aspecto curioso: casi al cierre de la junta Torres Sánchez hizo una última promesa a los asistentes:

Que habría más reuniones, por ejemplo, una antes de terminar el año, en diciembre, cerca de las posadas, proseguida por una fiesta y una posible rifa de premios para las y los asistentes.

No tengo nada personal contra el entretenimiento. Incluso soy una entusiasta participante de las festividades decembrinas, pero preferiría que, contra el ritual oficial, no se usara el divertimento y las dádivas para adormecer el descontento y sustituir el cumplimiento de los compromisos, por decir lo menos.

Porque decir lo más implicaría reconocer que semejantes ofertas, por inofensivas que parezcan, significan que la voluntad oficial no está puesta en proteger el ejercicio del periodismo, sino sus intereses por la vía de debilitarlo o, peor aún, de convertirlo en amplificador de sus monerías.

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