Reclamo laboral no da derecho a ex empleados a incurrir en violencia

Reclamo laboral no da derecho a ex empleados a incurrir en violencia

Se les venció el plazo para reclamar su liquidación

Sin toma de nota nada es oficial

Emsavalles| | Jueves, 06 de Diciembre de 2018| 17:39

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El plazo que tenían los ex empleados de ayuntamiento para reclamar su liquidación o indemnización ya se venció, y si su dirigente no tiene la toma de nota del TECA no tiene personalidad y nada de lo que haga será oficial, en tanto que por un reclamo laboral no pueden alterar el orden, declaró el Presidente de Abogados de Tamuín, Pascual Zúñiga del Ángel.

Señala que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo los ex empleados del ayuntamiento tienen un plazo de 60 días para reclamar liquidación o indemnización, que ya se pasaron, que aquí la situación en muy específica y tiene una prescripción más amplia como de un año, que se trata de generar un pago trabajado y no liquidado; en tanto que por el lado de recursos humanos es conveniente que los llame para que les diga cuál es la situación que como municipio tienen y en relación a ellos cuál es la situación y plantearles cómo se va a resolver.

En lo que se refiere a la obligación del Sindicado Independiente de obtener la toma de nota que otorga el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje-TECA, expuso que si alguien se ostenta como dirigente de un gremio y no tiene en sus manos dicha toma de nota, no tiene responsabilidad y es una persona con la que no se puede tratar, y si se hiciera nada sería oficial.

Subraya que una vez que tenga en sus manos la toma de nota entregada por el TECA, a partir de ese momento tiene personalidad.

El representante de los abogados del municipio Catanero en lo que respecta a los connatos de violencia que protagonizaron, dijo que por el hecho de estar haciendo una reclamación de carácter laboral no tienen motivo para alterar el orden.

Explicó que si bien es cierto de habla de una etapa social considerada económicamente débil, eso no les da derecho a violar las disposiciones legales existentes y a no respetar el derecho a la propiedad; que ahí surge una acción por parte del municipio en contra de quien haya ido más allá de sus facultades.