Lucina López| Emsavalles| San Luis Potosí, S.L.P.| Miércoles, 03 de Diciembre de 2025| 13:22
Este día, el Colectivo Praxis anunció una nueva estrategia jurídica y legislativa para obligar a las autoridades a destinar fondos suficientes y evitar la afectación al progreso educativo.
Si bien celebraron la victoria legal histórica, hicieron un llamado urgente a la acción gubernamental.
Recordaron que la labor por la accesibilidad a la educación superior no es reciente; se lleva desde el año 2016, donde se han venido estableciendo litigios jurídicos estratégicos en busca de hacer más accesible el acceso a los estudios universitarios para miles de jóvenes.
Llevan hasta la fecha más de 300 amparos promovidos, siendo el camarada Luis Suárez el principal encargado de esta línea de activismo que realizan.
Explicaron que con la Reforma Constitucional de 2019, de AMLO, que consagró la gratuidad de la educación superior como un derecho humano, se logró una brecha para avanzar.
Para apoyar a las y los más vulnerables han impulsado la Beca Colectivo Praxis Combativa, con la que brindan asesoría legal a estudiantes de bajos recursos y de otros sectores vulnerados.
A cambio, se les solicitó un compromiso irrenunciable: usar sus estudios y su conocimiento para ayudar a la sociedad que, con sus impuestos, paga la educación pública.
Confirmaron que, en este camino, muchos juicios se perdieron y otros se ganaron; poco a poco se fueron dando criterios más homogéneos que son la base de lo que hoy se ha consolidado.
Señalaron que queda un precedente histórico de la SCJN.
El motivo principal de esta comunicación es la reciente resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el Amparo en Revisión 305/2025, donde integrantes del Colectivo fueron los abogados de la compañera promovente.
Informaron que, por eso, la lucha sigue, donde evolucionará:
Presión Jurídica Presupuestaria: Seguirán estableciendo estrategias jurídicas, promoviendo nuevos juicios de amparo, pero ahora enfocados en presionar para que se destine el presupuesto necesario y se cumpla cabalmente con el mandato constitucional.
Iniciativa Legislativa: Paralelamente, propondrán una iniciativa de reforma que garantice un porcentaje mínimo del presupuesto total para la educación, en concordancia con los parámetros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la UNESCO.
Finalmente, reconocieron que el déficit presupuestario podría afectar no únicamente el sostenimiento de la UASLP y otras instituciones de educación superior, sino que, de no atenderse, afectará el progreso y el desarrollo educativo de nuestro estado y de la nación. Este es el fin último de su activismo: ejercer los derechos sociales y asegurar la igualdad de oportunidades para estudiar y construir una mejor sociedad para todos y todas.
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