Yuliana Reyes| Emsavalles| Ciudad Valles, S.L.P.| Miércoles, 17 de Diciembre de 2025| 12:54
Aunque la diputada local del Partido Verde, Roxana Hernández, defendió la paridad de género rumbo a la elección de 2027 como un acto de justicia histórica, su postura ha generado críticas por dejar fuera la falta de justicia efectiva para mujeres víctimas de violencia, especialmente cuando los agresores son servidores públicos. Para colectivos y activistas, hablar de paridad electoral sin garantizar castigo a funcionarios violentadores resulta un discurso incompleto.
La legisladora sostuvo que "las mujeres tenemos derecho a votar por lo que por justicia nos corresponde históricamente" y que San Luis Potosí vive un momento histórico al abrir la posibilidad de una mujer gobernadora. Sin embargo, organizaciones civiles señalaron que esa justicia no se refleja en los casos de violencia institucional, laboral y sexual que permanecen impunes dentro del propio aparato gubernamental, donde la paridad no ha significado protección ni sanciones reales.
Al ser cuestionada sobre por qué no se ha actuado con firmeza contra funcionarios señalados por violencia de género, Hernández respondió: "la víctima tiene que poner denuncias, las víctimas tienen que hacer valer su voz", una declaración que fue interpretada como una carga excesiva hacia las mujeres, en un contexto donde muchas denuncias se estancan en fiscalías y dependencias sin resolverse.
Para defensoras de derechos humanos, esta postura ignora la responsabilidad del Estado de investigar de oficio y evitar la revictimización. Si bien la diputada aseguró "tenemos un Congreso de puertas abiertas" y que han atendido alrededor de 25 casos, activistas recalcan que la paridad debe verse reflejada en resultados concretos.
De lo contrario, advierten, la paridad corre el riesgo de quedarse solo en el discurso político, sin traducirse en justicia real para las mujeres de San Luis Potosí.
YS
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