Se aprobó reforma a la Constitución para incorporar en las tareas de investigación a la SSPC, Guardía Civil y policías municipales

Se aprobó reforma a la Constitución para incorporar en las tareas de investigación a la SSPC, Guardía Civil y policías municipales

- El estado debe garantizar que se investiguen y persigan los delitos respetando los derechos de los ciudadanos: Rubén Guajardo Barrera

Emsavalles| San Luis Potosí, S.L.P.| Martes, 24 de Febrero de 2026| 17:54

---

El Pleno del Congreso del Estado aprobó la reforma a los párrafos, primero, tercero y cuarto del artículo 122 TER de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, los Estados Unidos Mexicanos, para incorporar en las tareas de investigación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Guardia Civil Estatal, y a las policías municipales, que podrán operar bajo el mando del Ministerio Público.

Con esta modificación, propuesta por la diputada Leticia Vázquez y el diputado Rubén Guajardo se armoniza el texto constitucional local con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del año 2024, por el que se reformó y adicionó el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Rubén Guajardo Barrera, explicó que la reforma establece que la investigación de todos los delitos del fuero común corresponde al Ministerio Público, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Guardia Civil Estatal, y a las policías municipales, a cada una en el ámbito de sus competencias.

La actuación de dichas instituciones y corporaciones en materia de investigación se realizará bajo la conducción y mando del Ministerio Público, en el ejercicio de sus funciones. La persecución de los delitos del fuero común ante los tribunales, corresponde exclusivamente al Ministerio Público, y tanto para ello como para las funciones de investigación.

En la exposición de motivos se indica que el derecho humano a la procuración de justicia se refiere al derecho que tienen todas las personas de acceder a los mecanismos de justicia para obtener la protección de sus derechos y la reparación de daños ocasionados por la violación de esos derechos. Esto implica que el Estado debe garantizar que se investiguen y persigan los delitos, ejerciendo la acción penal de manera legal y respetando los derechos de los ciudadanos