Semana del 10 de Noviembre al 16 de Noviembre de 2023

Impunidad y cifra negra laceran la justicia en SLP

Impunidad y cifra negra laceran la justicia en SLP

De forma recurrente los diversos niveles de gobierno se empeñan en concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de la cultura de la denuncia cuando exista un delito que perseguir, sin embargo, aunque los gobernados atienden el llamado desgraciadamente termina por desilusionarse al darse cuenta que todo termina en hojas de papel en un escritorio.

En un año, el acceso a la justicia se recrudeció en el estado de San Luis Potosí, ya que aumentó 0.6 % el índice de impunidad general al llegar a 98.6 % en la atención delitos. Es decir, menos de una denuncia de cada 10, se resuelve en favor de las víctimas.

De esta forma lo advierte el reporte "Hallazgos desde lo local 2022", a cargo de la organización México Evalúa, que señala que, con ese porcentaje la entidad potosina alcanzó 2.3 puntos por encima del promedio nacional, que fue de 96.3%.

Incorpora que con ello se ubicó en el sexto lugar de los estados con mayor porcentaje de impunidad. Respecto a la medición de 2021, el índice aumentó 0.6 puntos porcentuales, pues en ese año fue de 98%.

"Los altos niveles que ha mostrado el índice de impunidad en San Luis Potosí podrían estar relacionados con el aumento de la cifra negra", alerta la investigación sustentada con un cruce de información oficial.

Reporta que el índice general no es casualidad, pues en al menos 11 delitos, algunos de ellos graves, se registró una impunidad de más del 90 %. O sea, de 10 denuncias que llegan a una Agencia del Ministerio Público, menos de una concluye en una resolución favorable.

El listado de forma ascendente se da la siguiente manera: secuestro con 90.48%; feminicidio con 90.50%; homicidio doloso con 95.10%; violación con 96.40%; extorsión con 97.60%; fraude 98.20%; abuso sexual con 98.90%; robo simple con 99.48%; despojo con 99.50%; violencia familiar con 99.80%; y narcomenudeo con 99.90%.

El índice de impunidad general es un reflejo de lo que ocurre con diversos delitos en lo particular [...] no se producen consecuencias jurídicas y por lo tanto quedan en la impunidad. De esta manera se desincentiva la denuncia y se produce un cíclico aumento de la cifra negra", evalúa.

Para la asociación civil, la Fiscalía General del Estado (FGE) debería revisar las acciones previstas en materia de investigación y los modelos de investigación en las policías, así como los mecanismos de coordinación entre estas instituciones.

Estima que dicha revisión tendría como finalidad articular investigaciones de casos con características comunes que puedan impactar en la investigación y persecución de estructuras criminales, y en consecuencia producir resultados en la disminución del índice de impunidad.

Lo que propone se refiere a que, si existiera un enfoque de fenómeno criminal cometidos por estructuras criminales, como son el narcomenudeo (98.21%) y la extorsión (99.42%), la impunidad disminuiría.

Ejemplo de ello, es que ya sea la Fiscalía y las derivadas de puestas a disposición de otras corporaciones municipales y estatales por esos delitos, sí se informa de la detención de presuntos narcomenudistas y extorsionadores, pero nunca de desarticulación de redes, células o agrupaciones vinculadas a todas esas personas detenidas.

CIFRA NEGRA
Cita que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) estima que, durante2021, la cifra negra o delitos no denunciados correspondió al 96.3% de los delitos cometidos.

Esto supone 3.1% por arriba de la media nacional. Cabe señalar que respecto al año 2020, la cifra negra en San Luis Potosí creció un 1.8%.
Explica que se calcula a partir de la suma de delitos no denunciados, delitos denunciados sin carpeta de investigación y aquellos en los cuales no fue especificado si se denunció o si se inició carpeta de investigación, entre el total de delitos por 100.

TUBERÍA PROCESAL DE SAN LUIS POTOSÍ
Informa que, en el año 2022, la Fiscalía recibió 73 mil 002 denuncias y querellas, de las cuales el 77 % se tradujeron en la apertura de una carpeta de investigación. De éstas, el 87.4% se inició sin detenido y sólo el 12.6% lo hizo con detenido.

Añade que al cierre del año, un 66.6% de los casos se reportaron en proceso de investigación, mientras que en el restante la Fiscalía emitió una decisión de archivar temporalmente el caso (64.4%); el no ejercicio de la acción penal (22.2%); la incompetencia (9%); el criterio de oportunidad (1.1%) y la abstención de investigar (0.4%).

Asimismo, los casos canalizados al área especializada en mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC) en las fiscalías, fueron apenas un 5.1%, una disminución de 1.2 puntos frente al año anterior.

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