El trabajo legislativo, enfocado en transformar normas y prácticas institucionales, demuestra que la justicia no solo se dicta desde los tribunales, también se legisla.
En medio de una agenda legislativa intensamente marcada por los retos estructurales y sociales, la diputada Gabriela López Torres, representante del partido Morena, ha dejado clara su postura en favor de una justicia más humana e incluyente. Desde el Congreso del Estado de San Luis Potosí, ha defendido con firmeza el respeto a los derechos humanos de sectores históricamente olvidados, como las mujeres privadas de su libertad.
Uno de los casos más recientes que ha evidenciado la vulnerabilidad de ciertos sectores es el traslado de mujeres reclusas del penal de La Pila al centro penitenciario de El Hongo, en el municipio de Villa de Reyes. A pesar de que el gobierno estatal intentó justificar esta medida como parte de un proceso de reestructuración, la acción fue duramente señalada por organizaciones civiles, madres de familia, colectivos y defensores de derechos humanos, quienes argumentaron que dicha reubicación afectaba gravemente el derecho de estas mujeres a mantener contacto con sus hijos y familias.
"Debemos dejar de romantizar la figura materna y dejar de pensar que la mejor madre es aquella que sacrifica mucho", expresó la diputada, y agregó que su papel desde el Congreso ha sido precisamente el de construir condiciones para que las mujeres no deban sacrificar sus vínculos familiares como parte de una condena penal.
El regreso de las mujeres al penal de La Pila, luego de un amparo promovido por colectivos y sociedad civil, fue recibido por López Torres como una victoria colectiva. "Estas acciones podrán pensarse pequeñas, sin embargo, todos abonamos desde donde estamos", afirmó, celebrando que, más allá de cualquier postura política, se logró una restitución de derechos fundamentales. Para la legisladora, no se trata de una dádiva sino del cumplimiento obligatorio de la ley: "Era una obligación, más allá del derecho de ellas, estaba el derecho de sus menores hijos".
La visión de López Torres no se limita a los hechos puntuales. Su compromiso se ha traducido también en acciones legislativas. Recientemente presentó una iniciativa para reformar la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, a fin de otorgar mayor claridad y alcance a las visitadurías encargadas de velar por las personas privadas de su libertad. Esta propuesta surgió luego de identificar que, a diferencia de otras visitadurías como la dedicada a asuntos indígenas, las que supervisan centros de reinserción y atención a migrantes carecían de facultades claramente estipuladas en la ley.
"Nos dimos cuenta que la única visitaduría que tenía estipuladas en la ley muy claras sus funciones era la encargada de los asuntos indígenas... Con esta iniciativa proponemos que la Comisión tenga la facultad clara de hacer visitas constantes, evaluaciones a estos centros, y que pueda también emitir recomendaciones", explicó López Torres con claridad didáctica.
Más allá del tecnicismo legislativo, la iniciativa tiene implicaciones profundas. A través de esta reforma, se busca dotar de herramientas reales a los organismos encargados de vigilar que las condiciones dentro de los penales cumplan con el mandato constitucional de reinserción social. La diputada sostiene que no se puede hablar de justicia mientras haya mujeres privadas de su libertad que se vean doblemente castigadas: por su condena y por el abandono institucional.
"La lucha continúa", reiteró. Para López Torres, los derechos humanos no pueden esperar, y su trabajo legislativo está comprometido con ese principio. Reconoce que muchas veces la sociedad confunde la defensa de los derechos de personas privadas de su libertad con una defensa de sus actos, y subraya: "No somos tribunal moral... independientemente de que hayan o no cometido un delito, esa parte no nos toca juzgarla. Ellas tienen derechos humanos y están protegidos por nuestra Carta Magna".
La apuesta de la legisladora es clara: construir un sistema de justicia con rostro humano, donde la reinserción social no sea solo una utopía escrita en papel, sino una realidad vigilada, evaluada y exigida por las propias instituciones. Su papel como madre, como mujer y como representante popular, la compromete de manera directa con las causas que históricamente han sido postergadas, y lo asume con responsabilidad. "Si las mujeres han sufrido falta de derechos viviendo en libertad, aún más la viven estando reclusas", sentenció con convicción.
Gaby López Torres ha logrado colocar en la agenda pública temas que normalmente se marginan de la discusión política. Desde su trinchera legislativa, impulsa reformas con la mira puesta en una sociedad más equitativa, donde la justicia no sea un privilegio, sino un derecho garantizado, incluso tras las rejas.
¿Podrá el Congreso avanzar con paso firme hacia la aprobación de su iniciativa? En palabras de la diputada: "Espero que pronto podamos votarla en el pleno... los derechos humanos no tienen tiempo de espera". Mientras tanto, su voz sigue resonando en los muros del Legislativo y también en las paredes de los centros penitenciarios, recordando que la justicia debe ser para todas y todos, sin excepción.
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