Semana del 12 de Diciembre al 18 de Diciembre de 2025

Marquesina

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GALLARDO CERRANDO AÑO BAJO LA POLÉMICA POR LA "LEY RUTH"
El gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, cerró su agenda con posadas, reuniones con alcaldes y compromisos de apoyo a las cuatro regiones, pero no sin estar en medio de la polémica por la llamada "Ley Ruth". Frente a las reformas enviadas por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), particularmente aquellas sobre paridad de género, el mandatario dejó clara su postura: los cambios no favorecen a ningún perfil específico y buscan garantizar igualdad de oportunidades para hombres y mujeres rumbo al proceso electoral de 2027. "Al final, será el votante quien decida por quiénes serán gobernados", subrayó, enfatizando que la intención es cumplir con criterios de equidad y no beneficiar a nadie en particular.
Gallardo Cardona también destacó que todas las fuerzas políticas, incluida su bancada del Partido Verde Ecologista, cuentan con mujeres competitivas, mencionando que hay "tres o cuatro" aspirantes femeninas capaces de contender, lo que contradice la idea de que la reforma afecte a un solo perfil. Entre ellas se encuentran su esposa Ruth González Silva, la secretaria de Turismo Yolanda Cepeda, la secretaria de Comunicación Araceli Acosta y la secretaria de Finanzas Ariana García Vidal. Por otro lado, hizo mención de aspirantes hombres, incluyendo al diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann, a quien calificó con tono ligero como "arreglado y listo para el 27". La posición del gobernador deja en claro que la paridad no es un capricho, sino un principio que busca equilibrar las oportunidades de participación política para todos los perfiles.

ARNULFO URBIOLA, EL SÍMBOLO DE IMPUNIDAD DEL PARTIDO VERDE
Arnulfo Urbiola, el Símbolo de impunidad del Partido Verde, ha convertido a Rioverde en un territorio donde el poder se ejerce con control absoluto, miedo y soberbia. Su propia declaración, de que "mientras siga salpicando hacia arriba nadie le dirá nada", resume con brutal claridad cómo se despliega la impunidad en su administración. La reciente riña en la comunidad de La Cofradía Grande, que dejó a un joven en coma tras ser atacado por un grupo vinculado al PVEM, es solo un ejemplo más de cómo la política local se mezcla con la violencia y la protección de sus allegados.
Testigos relatan que la agresión fue encabezada por Nohemí Méndez, jueza comunitaria, y su hija Maira, consejera ciudadana de Desarrollo Social, integrantes del grupo conocido como "Las Alacranas". Según vecinos, más de veinte personas participaron en la golpiza contra Isaías, apodado "El Chino", dentro de su propia vivienda, utilizando objetos punzocortantes y un bate de béisbol. La brutalidad del ataque y la demora en la intervención de las autoridades locales evidencian un patrón de favoritismo político y un posible intento de encubrimiento, mientras la víctima permanece intubada en estado crítico.
El respaldo público de Urbiola a "Las Alacranas" desde la Ciudad de México, grabando un video junto a su esposa, subraya la falta de responsabilidad de la autoridad municipal frente a hechos de violencia extrema. La Fiscalía y la Secretaría de Seguridad del Estado permanecen en silencio, mientras los vecinos exigen justicia y que los involucrados enfrenten las consecuencias legales. Rioverde, bajo el signo del control y la impunidad de Urbiola, muestra cómo la protección política puede convertirse en un manto que ampara la violencia, dejando a la ciudadanía atrapada entre el miedo y la indefensión.

ACTITUD BELIGERANTE DEL RECTOR DE LA UASLP: UNA CONFRONTACIÓN POLÍTICA BAJO LA BANDERA DE LA AUTONOMÍA
El rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, mantiene una actitud beligerante que parece más enfocada en la política de confrontación que en la defensa genuina de la educación pública. Su pelea con el gobierno del estado no se centra en garantizar calidad académica, sino en exigir más recursos que financien privilegios de una casta dorada dentro de la máxima casa de estudios. Bajo la bandera de la autonomía, Zermeño se presenta como víctima de una embestida política, cuando en realidad busca consolidar un poder económico y simbólico que poco tiene que ver con los intereses de los estudiantes o la sociedad.
Lejos de priorizar la educación pública de calidad, su estrategia consiste en polarizar y posicionarse como gran opositor de la clase política que hoy gobierna. Esta actitud no solo distrae de los verdaderos retos de la universidad, sino que también debilita la confianza de la ciudadanía en una institución que debería ser un referente académico. La confrontación constante y la búsqueda de privilegios bajo la apariencia de defensa universitaria plantea una pregunta inevitable: ¿a quién sirve realmente este enfrentamiento, a la educación o a intereses personales y corporativos dentro de la UASLP?

POLÉMICA EN CIUDAD VALLES: DAVID MEDINA DESMIENTE HERENCIA POLÍTICA
El alcalde de Ciudad Valles, David Medina Salazar, se ha visto envuelto en la polémica sobre un posible intento de su hija, María Fernanda Medina, de encabezar un frente ciudadano rumbo a la alcaldía en 2027. Ante los rumores que la vinculaban con una candidatura contra José Luis Romero Calzada, alias "Tecmol", Medina aclaró que la información fue sacada de contexto. Subrayó que su hija no busca ningún cargo político y participa únicamente en actividades sociales voluntarias, motivada por el deseo de apoyar a la población, sin condicionamientos ni aspiraciones personales. "Esto no es una herencia política. Mi hija tiene su propia vida y sus propios proyectos", enfatizó el edil.
Medina Salazar también dejó claro que jamás respaldaría a Tecmol si este decide postularse, señalando que prefiere mantenerse al margen de la política antes que condenar a la ciudad a tres años de ocurrencias, engaños e hipocresía.
Esto ha despertado la locura de su rival, quien sigue demostrando por qué sería peligroso entregar la administración de Ciudad Valles a alguien inestable como Romero Calzada.

NUEVA LEY NACIONAL DE AGUAS: ORDEN Y CONFLICTO EN EL MANEJO DEL RECURSO VITAL
La aprobación de la Ley Nacional de Aguas en el Congreso esta semana busca poner orden en el uso, control y concesiones del agua en México, pero lo hizo en medio de bloqueos y protestas de productores de distintos estados. Agricultores y transportistas denunciaron que los cambios afectan sus derechos sobre el recurso y exigieron claridad en su implementación, después de años de negociaciones sin resultados. Para el analista político Roy Campos, se trata del hecho más relevante de la primera semana de diciembre por su impacto a largo plazo en la administración hídrica, aunque advirtió que la falta de comunicación gubernamental ha alimentado el descontento social. La reforma, diseñada para frenar abusos y corrupción, abre una nueva etapa en la gestión del agua, pero enfrenta el reto de incluir a quienes hoy se sienten excluidos.
El debate legislativo, marcado por confrontaciones partidistas más centradas en disputas por concesiones que en la gestión integral del recurso, evidenció la tensión histórica del agua como tema de seguridad nacional, ligado a sequías, conflictos entre entidades y acuerdos con Estados Unidos. Los productores, afectados por la inseguridad, la crisis hídrica y la desaparición de apoyos como Financiera Rural, realizaron bloqueos carreteros y un paro nacional, denunciando que la Ley y sus reformas amenazan sus derechos de acceso y sucesión. Muchos agricultores han optado por abandonar sus tierras ante la incertidumbre legal y los bajos precios, subrayando la urgencia de un diálogo real entre autoridades y sectores productivos antes de que el conflicto social se profundice.