Semana del 18 de Febrero al 24 de Febrero de 2023

La sofisticación criminal-empresarial

La sofisticación criminal-empresarial

Juan Veledíaz

Detrás del crecimiento de las cifras de asesinatos, desapariciones forzadas y disputas territoriales sangrientas en el país, existe un fenómeno delincuencial poco perceptible que ya se ha arraigado en México. La forma como asoma refleja la gravedad del problema donde el Estado mexicano y sus tres poderes han sido rebasados por el crimen organizado que disputa el monopolio de la violencia al asesinar e intimidar jueces y legisladores, y controlar buena parte del sistema de procuración de justicia del país.

Hace más de una década se tuvieron los primeros reportes de un salto cualitativo en las dinámica económica-criminal en el país. En Tamaulipas el crimen organizado había creado sindicatos y los afilió a la CROC y a la CTM para hacerse con contratos de obras privadas y públicas mediante asesinatos y extorsiones.

La infiltración de grupos delincuenciales en los gobiernos locales y en las economías regionales ha alcanzado tal grado de sofisticación donde el dominio va más allá de las policías locales como sucedía hasta hace pocos años, hoy controlan obra pública en municipios y estados.

Un documento de la Guardia Nacional titulado "Crecimiento de carteles y su inclusión en las decisiones político económicas", alerta de que en este sexenio los grupos criminales han tomado por asalto gobiernos y economías locales en diferentes estados "logrando control sobre los habitantes, los gobernantes, territorios y política, aumentando de esta manera el control de los procesos electorales, así como el asesinato de policías, candidatos y autoridades locales".

El informe es un estudio prospectivo para la inteligencia estratégica donde el ejemplo analizado se centra en el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Como contexto se menciona la evolución de los grupos delincuenciales a partir de la transición política del año 2000, con el surgimiento y desarrollo de los Zetas en esa época, el inicio en 2006 de la llamada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, la paramilitarización de bandas criminales que basados en su poder de fuego y capacidad corruptora en los estados pusieron en marcha una estrategia de confrontación directa contra el gobierno y sus cuerpos de seguridad. Citan sin especificar la existencia de "nueve carteles de gran tamaño", que han dado pie a la creación de 74 brazos armados e incontables células a su servicio impulsadas por la lógica de la especialización en el mercado de drogas, armas, secuestro, extorsión y trata, así como el comercio ilícito de combustible. "Al ser grupos militarizados, han establecido sus propios mecanismos para llevar a cabo operaciones en contra de las instituciones de seguridad".

Para afianzar sus estructuras generando grandes ganancias buscan incrementar un poder económico vinculado con empresarios y poderes públicos de los estados. Las disputas territoriales se han dado en varias regiones de casi todo el país, resalta la presencia del CJNG que ha afianzado su presencia y penetración en municipios y entidades donde involucra a agentes de seguridad pública de ambos niveles de gobierno en la comisión de delitos "de omisión, desaparición de personas, secuestro y protección de actividades delictivas".

"Se ha detectado la presencia del "poder económico" ilegal en procesos electorales, apoyando a candidatos y exigiendo que al momento de tomar posesión se cumplan ciertas condiciones, señaladamente el control de obras y de las oficinas de seguridad pública. Al final del proceso, gran parte del personal estructural pertenece a los grupos delictivos al servicio del cartel. Esta lucha de poder económico y político ha incentivado la colusión de políticos con los grupos del crimen organizado permitiendo la impunidad y libre campo para actuar, logrando afianzar el control territorial por medio de la cercanía con los habitantes de las comunidades. Esta delincuencia organizada ha centrado su fuerza en establecer alianzas y vínculos en los niveles político, empresarial y policial".

Esto ha reflejado un alto grado de vulnerabilidad en lugares donde se han llevado operaciones de combate a la delincuencia organizada registrándose asesinatos de mandos. El riesgo a mediano plazo es que en época electoral se incrementen las ejecuciones de candidatos a puestos de elección popular que no asuman compromisos con grupos del crimen organizado. La posibilidad de enfrentamiento en carreteras y aeropuertos donde se lleven a cabo operativos se incrementa en función del control territorial que tengan. El documento advierte que la diversificación de los carteles y la proliferación de células delictivas pequeñas y difíciles de controlar, dificultará la labor de las instituciones de seguridad. El comercio informal aumentará de forma gradual apoyado por estos grupos favoreciendo el lavado de dinero para controlar ciertas economías locales y de grandes ciudades por medio del control de los procesos electorales.

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