Lucina López| Emsavalles| San Luis Potosí, S.L.P.| Lunes, 15 de Junio de 2026| 13:48
En un intento por contener la ola de indignación social y el costo político, el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos recurrió a la justificación y al deslinde institucional tras la detención violenta y arbitraria de la reconocida abogada y defensora de derechos humanos, Celia García Valdivieso, ocurrida a manos de elementos de la Policía Municipal de San Luis Potosí.
Lejos de asumir la responsabilidad directa por el actuar de una corporación que acumula señalamientos por presuntos abusos de autoridad, el edil minimizó el atropello constitucional al calificarlo como un "lamentable malentendido" y un "mal domingo para todos", una narrativa que colectivos civiles y activistas han considerado cínica y revictimizante.
"A ver, sí, yo lamento mucho que se haya dado este incidente con la maestra Celia... la verdad es que luego los policías, ya en el calor de una intervención, no traen toda la película, no la conocían. El objetivo era otro muchacho... fue un lamentable malentendido que yo me disculpo con ella públicamente; yo creo que no pasó a mayores", declaró el alcalde.
Para justificar la intervención, el mandatario municipal señaló que el operativo derivó de la actitud de un joven que, según dijo, portaba una mochila, intentó correr y mostró poca cooperación en una zona donde presuntamente existen reportes por narcomenudeo.
Con ello, dejó entrever que la corporación continúa operando bajo criterios de sospecha, un enfoque que puede vulnerar el debido proceso y derechos fundamentales. Aunque afirmó haber solicitado revisar el protocolo de actuación, al señalar que "definitivamente no podemos detener a nadie por una sospecha", el daño a las garantías individuales de la activista ya estaba consumado.
Para amplios sectores, este caso no sería un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de confrontación con voces críticas. La detención de Celia García se suma a otros episodios polémicos en la administración municipal, como el despido de Erika Tapia tras denunciar presuntas irregularidades internas; las acusaciones de veto contra la periodista Ana Dora en coberturas del alcalde; los señalamientos de obstáculos en la labor informativa de Margarita Zacarías; y las denuncias de hostigamiento hacia el periodista José Juan Delgado.
Mientras el gobierno municipal invierte recursos públicos en actividades de promoción vinculadas al Mundial 2026 en plazas como Fundadores y El Carmen, existe una creciente desconexión entre la narrativa oficial de convivencia y la percepción ciudadana sobre seguridad, libertades y trato institucional.
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