Semana del 18 de Abril al 24 de Abril de 2025

Galindo: Traidor, rajón y represor

Galindo: Traidor, rajón y represor

Ciudadanos Observando

El derecho a protestar no se negocia

La organización Ciudadanos Observando de San Luis Potosí, expone su postura firme en contra de la propuesta de Enrique Galindo, alcalde de San Luis Potosí, la que consideramos una propuesta regresiva: sancionar las manifestaciones en la vía pública.

Pretende disfrazar de orden lo que en el fondo es represión. Quienes salen a las calles no lo hacen por capricho. Lo hacen porque no tienen otra salida. Cuando una madre bloquea una avenida es porque lleva meses sin agua en su casa, porque su hijo fue asesinado o desaparecido y nadie le da respuesta. Porque la justicia no llega. Criminalizar la desesperación de la ciudadanía es desviar la responsabilidad que le toca al gobierno y este mensaje también va para el mandatario estatal Ricardo Gallardo Cardona.

Las protestas son síntoma de un Estado que falla. Si la administración municipal hiciera su trabajo, la gente no tendría que salir a exigir lo básico: agua, seguridad y justicia. No son grupos violentos ni profesionales de la protesta, son ciudadanos hartos. Galindo olvida que la protesta es un derecho, no una concesión. Su historial ya incluye señalamientos por violaciones graves a derechos humanos cuando dirigía la Policía Federal, como documentó Animal Político en 2016.

Ahora, como alcalde, insiste en una lógica autoritaria que pone en riesgo libertades fundamentales.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha sido clara: la libertad de expresión, incluyendo las manifestaciones públicas, es un derecho que debe garantizarse, no regularse con sanciones que buscan inhibirla. Es legítimo protestar en las calles. Es legítimo hacerlo en grupo o individualmente. Es legítimo exigir lo que el gobierno no cumple. La CNDH advierte que regular en exceso este derecho es, en los hechos, limitarlo. Y eso es inconstitucional.

En un país donde la impunidad es la norma, la protesta es la única herramienta efectiva para muchas personas. El gobierno municipal debería preguntarse por qué la gente protesta, no cómo evitar que lo haga. Porque cuando la calle habla, es porque las instituciones callan. Las autoridades que reprimen la voz del pueblo, terminan perdiendo toda legitimidad.

Si Galindo quiere menos manifestaciones, que resuelva los problemas que las generan. Las calles no son el problema. El problema es el abandono, la corrupción, la indiferencia. El derecho a manifestarse no puede estar sujeto al humor de un alcalde. Es un derecho ganado, no un favor. Y no se va a entregar sin pelear.

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