Semana del 27 de Junio al 03 de Julio de 2025

Alfonso Durazo, en la mira de los gringos

Alfonso Durazo, en la mira de los gringos

Luis Chaparro / periodista de investigación

Una investigación reciente destapada por Latinus y revelada en el espacio de Carlos Loret de Mola ha encendido las alarmas a nivel internacional: Estados Unidos ha comenzado a marcar territorio contra funcionarios mexicanos de alto nivel presuntamente vinculados con el crimen organizado. Y el primer nombre que aparece en esa lista informal pero contundente es el del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.

Más allá del morbo mediático por una "lista negra" de gobernadores afines a Morena, lo que realmente encontramos es algo más grave y estructural: una red compleja de investigaciones iniciadas por agencias federales estadounidenses sobre actores clave del crimen organizado que, en muchos casos, terminan conectando con funcionarios públicos en México. No se trata solo de nombres, sino de vínculos operativos y financieros, de rutas, protección e impunidad.

EL CASO DURAZO: UNA SEÑAL DE ALERTA SIN PRECEDENTES
Nuestra atención se centró en Alfonso Durazo luego de que comenzaran a circular mensajes y rumores que advertían sobre la cancelación de su visa estadounidense. Coincidía con su ausencia física en reuniones importantes, particularmente con la gobernadora de Arizona, desde el pasado 8 de mayo. Aunque asistía de forma virtual, el cambio levantó sospechas.

Nos dimos a la tarea de investigar. Consultamos fuentes dentro de agencias federales de Estados Unidos, con acceso al sistema de entradas y salidas del país. Lo que descubrimos fue que Durazo, quien tenía visitas frecuentes a la Clínica Mayo en Phoenix, Arizona, había dejado de cruzar la frontera desde hacía tres semanas.

Una segunda fuente confirmó algo mucho más delicado: el nombre del gobernador sonorense figura en el sistema federal estadounidense con una alerta que lo clasifica como "sospechoso de terrorismo" y, más grave aún, con una indicación de "detención obligatoria" en caso de ingreso.

Este tipo de alerta no es común. No se asigna sin fundamento. Y aunque no equivale a una orden de arresto, sí representa una sospecha de alto nivel que puede acarrear consecuencias severas. En el contexto geopolítico actual, Durazo es el primer gobernador mexicano con una designación de este tipo en bases de datos federales de Estados Unidos. Y eso es mucho decir.

UNA RED DE INVESTIGACIONES... SIN FRONTERAS
Mucho se ha dicho sobre una supuesta "lista" de gobernadores en la mira de Estados Unidos. Lo cierto es que no existe una lista formal ni definitiva. Lo que existe son investigaciones que parten del seguimiento a miembros del crimen organizado y que, de forma natural, terminan topándose con nombres del ámbito político.

Estas investigaciones no nacen en México. De hecho, resulta irónico que muchos de los criminales más conocidos por su historial —como Ovidio Guzmán o el "Mayo" Zambada— no contaban con carpetas abiertas en el país antes de ser detenidos o extraditados. Las carpetas se les arman a posteriori, una vez que la justicia estadounidense actúa.

En el caso de Alfonso Durazo, hablamos de un político cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, con trayectoria en el ámbito federal. Por ello, su inclusión en el sistema como sospechoso de terrorismo es una bomba política que debería tener implicaciones nacionales.

LA "AUTONOMÍA" DE LOS AGENTES ESTADOUNIDENSES
Hasta antes de la administración de Donald Trump, era común que las investigaciones de agencias como la DEA, el FBI o Homeland Security se frenaran en seco al toparse con funcionarios mexicanos. El temor al conflicto diplomático era suficiente para cerrar expedientes incómodos.

Con Trump eso cambió. Las órdenes fueron claras: "donde tope". Y desde entonces, los agentes han podido llevar sus indagatorias hasta las últimas consecuencias. Ahora, cuando los vínculos entre narcotráfico y política se evidencian, la decisión ya no pasa por el Departamento de Estado ni por el cálculo diplomático. Pasa por el interés de seguridad nacional.

OTROS NOMBRES EN EL RADAR
La investigación nos llevó a revisar otros perfiles. En el caso de Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, su visa fue revocada, pero ella no figura con alerta de terrorismo. La causa real estaría relacionada con su esposo, Carlos Torres Torres, quien sí tiene una investigación abierta.

En contraste, el exgobernador de Sinaloa, Mario López Valdez (Malova), sí figura en el sistema con una alerta que especifica "strong ties to the Sinaloa Cartel". Lo mismo ocurre con Gerardo Vargas, exalcalde de Ahome, también vinculado a estructuras del Cártel de Sinaloa.

Por otro lado, algunos rumores como el del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, no se confirmaron: al revisar su perfil, no aparece ninguna alerta activa.

¿Y AHORA QUÉ?
El caso de Alfonso Durazo, cuya alerta fue ingresada en el sistema federal el pasado 25 de mayo, podría ser apenas el comienzo de una ofensiva mayor. Las investigaciones en Estados Unidos avanzan lentamente, pero con precisión quirúrgica. Y todo indica que seguirán tocando nombres de peso, especialmente si el gobierno mexicano no toma medidas.

La pregunta inevitable es: ¿qué hará Morena? ¿Habrá una autodepuración o, como ha ocurrido antes, se apostará por la negación?

Y más allá del partido en el poder, ¿qué hará el Estado mexicano? ¿Permitirá que sea otro país quien investigue y enjuicie a sus políticos? ¿O asumirá el costo político de hacerlo en casa?

El tablero ya se movió. Alfonso Durazo es la primera ficha. El resto, está por verse.

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