Semana del 05 de Septiembre al 11 de Septiembre de 2025

San Luis Potosí: Una sociedad cansada de esperar justicia

San Luis Potosí: Una sociedad cansada de esperar justicia

En San Luis Potosí y en todo México, siguen esperando que la justicia deje de ser una promesa incumplida.

Hace casi tres años, Alan Javier Tello Laredo denunció actos de discriminación de género ocurridos en el Ayuntamiento de Tanlajás, San Luis Potosí. Su caso fue presentado formalmente ante la Fiscalía General del Estado, tanto en Ciudad Valles como en la capital potosina. Sin embargo, hasta el día de hoy, la justicia sigue sin llegar. Su historia, como tantas otras en la entidad y en el país, refleja el camino tortuoso, lento y costoso que enfrentan las víctimas que se atreven a denunciar.

Alan lo resume con una frase que duele: "la justicia es para desvirtuarla, eso es el efecto que nosotros como víctimas tenemos que empezar a cambiar". Sus palabras no son solo una queja personal, sino una denuncia colectiva hacia un sistema que, lejos de proteger, parece diseñarse para cansar a quienes buscan justicia.

DISCRIMINACIÓN Y DESPIDO
El caso de Alan comenzó cuando, en el marco de una administración panista en Tanlajás, fue despedido tras sufrir actos de discriminación. Los detalles sobre los funcionarios involucrados los reserva por motivos legales, pero lo esencial es claro: fue víctima de un trato desigual y atentatorio contra sus derechos laborales.

Denunció discriminación y delitos contra los derechos de los trabajadores, pero, pese a que la ley establece que estos casos deben perseguirse de oficio, su denuncia fue archivada y desatendida durante meses. "Mi carpeta de investigación debió de haberse perseguido por oficio y fue hasta dentro de mes y medio siguiendo... imagínate, cuando existe un departamento de víctimas y grupos vulnerables", reprocha.

La omisión inicial marcó todo el proceso. En lugar de respuestas claras, recibió evasivas y retrasos. "Existen dentro de mi carpeta anomalías, informes que no son concretos, documentación que no es real. Es una interrupción total de la investigación", afirma.

NEGLIGENCIA INSTITUCIONAL
Alan ha señalado directamente a la agente fiscal de la mesa dos de la Fiscalía General del Estado, a quien acusa de negligencia en la integración de la carpeta. "Hay mucha negligencia por parte de esta agente fiscal de la mesa dos y, como dices tú, no soy el único. Me gustaría que la gente empezara a retomar este punto porque nos han vendido el tema de que no existe la justicia, pero la justicia sí existe. Lo que pasa es que como servidor público tratan de desvirtuar todo el trabajo para no ponerse a las órdenes de la sociedad", denuncia.

Esta omisión no es un error menor. Una carpeta de investigación mal integrada no solo retrasa el proceso, sino que puede anular cualquier posibilidad de justicia. Alan lo sabe, por eso insiste en la importancia de exigir que las autoridades cumplan con su responsabilidad.

UN CAMINO COSTOSO Y DESGASTANTE
La lucha de Alan no solo ha sido emocionalmente desgastante, también ha implicado un gasto enorme. Entre traslados a la capital y trámites legales, ha invertido más de 300 mil pesos. "No es el dinero, sino la finalidad: hacer justicia y demostrarle a la sociedad que sí existe la justicia", explica.

Pero el costo no se mide solo en cifras. Él mismo reconoce haber sufrido violencia emocional, psicológica y amenazas durante este proceso. La Comisión Estatal de Víctimas no le brindó apoyo, y la construcción de su caso ha dependido en gran medida de sus abogados y de su propio esfuerzo.

"Estamos ante un problema de paradigma, de todas esas creencias que trae el profesionista desde la casa hasta que se convierte en servidor público. Ese servidor público no va a cambiar de la noche a la mañana, por eso hemos tenido que construir la teoría del caso nosotros", señala.

EL SILENCIO DE LA FISCALÍA
Alan también ha señalado que los órganos de control de la Fiscalía General del Estado han sido omisos. Aunque interpuso denuncias por la falta de atención, los procedimientos se cerraron con simples correcciones administrativas. "Lo que no es conveniente es que ellos cierran el caso corrigiendo administrativamente una falta, pero nada más. Eso no resuelve el problema de fondo", reclama.

Mientras tanto, el tiempo pasa y la audiencia para exponer su caso sigue retrasándose. La impunidad, señala, beneficia a quienes deberían ser investigados y desgasta a quienes buscan justicia.

UN LLAMADO A LA SOCIEDAD Y A LA FISCAL GENERAL
Lejos de rendirse, Alan Javier Tello ha decidido alzar la voz públicamente para invitar a otros ciudadanos a no callar. "Creo que si la sociedad nos ponemos las pilas y empezamos a formar grupos de asesoría correcta, vamos a incrementar la presión pública sobre la Fiscalía General del Estado", asegura.

Su llamado no se limita a la sociedad. También se dirige directamente a la fiscal general del estado, Manuela García Cázares. "Me urge, o nos urge a la sociedad, que pongan una persona que represente de verdad a la sociedad componiendo todas las teorías del caso, y te aseguro que el rezago de las carpetas de investigación dejaría de existir. Pongámonos a hacer nuestro trabajo tanto la sociedad como la fiscalía", enfatiza.

UN CASO QUE REFLEJA UN PROBLEMA ESTRUCTURAL
El caso de Alan Javier Tello no es único. Miles de carpetas de investigación en San Luis Potosí enfrentan retrasos, negligencias y omisiones que desalientan a las víctimas. Su historia es apenas un reflejo de la desconfianza ciudadana hacia instituciones que parecen más preocupadas por proteger su imagen que por garantizar justicia.

Alan no pide privilegios, pide algo básico: que su caso sea atendido con seriedad, que se cumpla la ley y que se respete su derecho a la justicia

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