Jueves, 26 de Mayo de 2022
CIUDAD VALLES, S.L.P.
DIRECTOR GENERAL.
SAMUEL ROA BOTELLO
Semana del 21 de Enero al 27 de Enero de 2022

¿A quién le importan las periodistas y defensoras?

¿A quién le importan las periodistas y defensoras?

María José Puente Zavala



El lunes 3 de enero, el primer día laborable del 2022, rendimos protesta dos personas periodistas y dos defensores de derechos humanos como integrantes del Mecanismo Estatal de Protección al ejercicio de nuestras respectivas labores.

Aunque, sí, con esa formalidad se cumplió lo que la Ley establece, que es que el Mecanismo completo debe aprobar su reglamento interno dentro de los 90 días posteriores a la publicación de la Ley de Protección en el Periódico Oficial del Estado, lo cierto es que el camino para llegar hasta aquí comienza mucho antes; ha sido empedrado y hasta el último momento marcado por el burocratismo, la desidia y el desinterés de más de una autoridad.

Para empezar con la propia presentación del proyecto ante el Poder Legislativo, donde se atropellaron dos iniciativas para expedir la misma Ley. La primera presentada por el polémico exdiputado Edgardo Hernández Contreras y la segunda presentada por el exgobernador Juan Manuel Carreras.

Ninguno de los dos casos estuvo motivado por mejorar las condiciones en que desempeñan sus labores los integrantes de la población beneficiaria, sino por darle cauce a una inercia que comenzó con la entrada en vigor de la normativa federal; es decir, lo que se buscó fue cumplir con el trámite de homologar la ley estatal con la federal. No más.

Con ese ánimo, los dos documentos llegaron a las comisiones a engordar la lista de pendientes y se empolvaron durante meses, incluso durante más de un año, en el caso de la primera, presentada en junio de 2019. La proximidad del proceso electoral mantuvo a los diputados pendientes de sus futuros políticos y no fue hasta febrero del año pasado que, por presión de la Red de Mujeres Periodistas, retomaron el tema.

No voy a profundizar en datos y hechos que ya hemos machacado una y otra vez desde la Red, pero sí en algunos aspectos que, a la luz de los hechos más recientes en materia de la implementación de la Ley, vale la pena mencionar.

Cuando llegamos al documento, entre las primeras cosas que notamos está el hecho de que las mujeres periodistas no éramos nombradas en la Ley; y aunque el Mecanismo consideraba la integración de dos periodistas, no establecía que para seleccionarles debería considerarse el principio de paridad. Mismo caso para lo que toca a las personas defensoras.

Ese fue un cambio que exigimos que se realizara y que, una vez aprobada, buscamos que se cumpliera; sin embargo, tras publicarse la convocatoria para periodistas y defensoras, resultó que la participación fue mínima y que, en el caso de las personas defensoras, solo dos perfiles de varones participaron y, por tanto, fueron seleccionados; es decir, las mujeres defensoras no están representadas en el Mecanismo.

Otro aspecto que hicimos notar en el análisis del proyecto y durante las primeras reuniones que sostuvimos, activistas y periodistas, con funcionarios del nuevo gobierno es la necesidad de que las autoridades que integran el Mecanismo, y que cabe mencionar son más en comparación con periodistas y defensoras, se tomaran en serio su encomienda y evitaran mandar representantes sin poder de decisión o simplemente faltar a las sesiones de trabajo, una costumbre arraigada en el funcionariado, sobre todo en temas que le son incómodos o llanamente irrelevantes.

La experiencia más cercana que teníamos para sustentar ese resquemor es el anterior Comité de Protección al Ejercicio del Periodismo que durante el período carrerista habrá sesionado quién sabe cuántas veces, con quién sabe quiénes y haciendo quién sabe qué. Lo último que supimos es que se reunieron allá por el lejano 2019... con representantes. Un coffee break cualquiera.

Entonces pues simplemente les pedimos que hicieran su trabajo en su expresión más sencilla: acudir a una sesión virtual... y hubo quienes no pudieron. Tal es el caso del titular de la Fiscalía General del Estado, José Luis Ruiz Contreras; quien no acudió a la del 3 de enero, ni avisó que no acudiría; y el de la diputada Gabriela Martínez Lárraga, quien preside la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Genero del Congreso del Estado, pero que ese día se encontraba todavía en Dubai, de vacaciones y, aparentemente, sin internet para otra cosa que no fuera documentar su viaje en redes sociales.

Sobre la falta de participación en la convocatoria el funcionariado hizo una rápida evaluación: falta de interés de la población beneficiaria. Se mencionó que la convocatoria fue difundida a través de redes sociales durante varios días, como si en todas las zonas y municipios del estado hubiera acceso o buena conexión a internet, no solo para el caso de las y los periodistas, sino para el caso de las personas defensoras.

Esa misma evaluación, la de la falta de interés, no calzó para los funcionarios que no asistieron. Para ellos hubo una justificación improvisada y un voto de confianza para que a la próxima sí se sumen a la sesión. Ojalá.

No voy a negar que de este lado puede faltar interés, pero agregaría también que falta confianza en que no se trata de otro grupo que acude a reuniones que pudieron ser correos; faltan condiciones dignas de trabajo que permitan a la población beneficiaria darse el tiempo de participar en una actividad no remunerada pero que puede llegar a ser demandante; falta provocar a otras voces, ir por ellas a donde estén y escucharlas; falta la autocrítica que solo nace del interés genuino por una causa.

Esa, al parecer, es una pata de la que cojeamos en ambos lados. La diferencia es que, con interés o sin él, la Ley sí obliga a las autoridades, no solo a proteger la actividad periodística y de defensa de los derechos humanos cuando está siendo amenazada, sino tomar un papel proactivo en la promoción y defensa de los derechos de quienes integramos esta población. Ojalá se lo tomen con mayor seriedad... o habrá que demandarles.

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