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IFSE prepara sanciones contra el rector de la UASLP por negarse a auditoría externa

IFSE prepara sanciones contra el rector de la UASLP por negarse a auditoría externa

Lucina López| Emsavalles| San Luis Potosí, S.L.P.| Viernes, 24 de Octubre de 2025| 15:08


  • El Instituto de Fiscalización Superior del Estado, Rodrigo Joaquín Locourtois López, señaló que, luego de avizorar que pese a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) seguirá en su postura de no permitir ser auditada de manera externa en sus recursos autogenerados, el auditor informó que armará un expediente en contra del rector Alejandro Javier Zermeño Guerra y de su titular administrativa, para que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa les imponga sanciones que pueden ser multa y hasta inhabilitación.

    "Todo principalmente económico, una posible inhabilitación dados los montos. No nos corresponderá a nosotros, vamos a sancionar y a mandar el expediente al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, quien determinará las sanciones. Nosotros se calificaría como grave dado el monto que se está observando y la insistencia de no querer rendir cuentas", apuntó.

    Agregó que se refirió en género femenino, lo que hace suponer que se trata de la abogada general de la Universidad, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, de ser la principal responsable de las sanciones que se impongan al rector Zermeño y a la persona encargada de la administración, ya que ella es quien ha inducido la resistencia a que unos 670 millones de pesos de ingresos propios no sean auditados por el IFSE.

    Destacó que la ruta jurídica para evitar ser auditada en sus recursos autogenerados que siguió la UASLP —y que en todas las instancias jurisdiccionales ha perdido— inició en 2023 con la primera negativa, argumentando su autonomía de gestión y contar con su Órgano Interno de Control nombrado por ellos mismos. Luego presentaron tres amparos, dos juicios de nulidad, la controversia constitucional que fue desechada por la Corte y, finalmente, pidieron revisión, en donde se ratificó la sentencia.

    "Eso trae consecuencias que implican una mayor consecuencia para la Universidad, porque la ministra instructora da una declaración fatal para el tema de fiscalización", señaló.

    Determinó que la Universidad es un ente público, descentralizado de la administración pública estatal, pertenece al gobierno, recibe más de 600 millones de pesos de dinero público, sus autoridades no son dueñas de la Universidad y han actuado como si fueran dueños de este dinero, precisó.

    El auditor estatal lamentó que la postura de las actuales autoridades universitarias sea la de seguirse negando a ser auditadas. Apuntó que "aunque tengan el agua hasta el cuello", ahora el IFSE particularizará las sanciones en contra de los funcionarios que se han negado a transparentar ante el órgano fiscalizador externo los recursos autogenerados de la Universidad, y ahora tendrán que defenderse en tribunales con sus propios recursos y no con los de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, concluyó.

     

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