Semana del 15 de Agosto al 21 de Agosto de 2025

IFSE Alerta por aumentos salariales ilegales en ayuntamientos

IFSE Alerta por aumentos salariales ilegales en ayuntamientos

Estos casos podrían convertirse en un parteaguas para frenar los abusos salariales y el uso político de la nómina en San Luis Potosí.

El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) encendió las alarmas en San Luis Potosí ante un fenómeno que, de confirmarse, podría configurar una cadena de irregularidades y posibles delitos: aumentos salariales en ayuntamientos y entes públicos que superan por mucho el límite legal del 3% establecido por la Ley de Disciplina Financiera.

La advertencia surge luego de detectar casos donde los incrementos habrían alcanzado entre un 15% y un 25% en pleno ejercicio fiscal, una práctica que la ley prohíbe expresamente. "Esta práctica es indebida por dos razones: la ley prohíbe que aumentes sueldos y salarios durante el año, y si lo haces ya pasando el ejercicio, no puede ser más del 3%", señaló el auditor estatal.

El argumento detrás de la norma es prevenir abusos, especialmente en contextos donde los ajustes se convierten en "bonos de despedida" para quienes están por dejar un cargo. "Es para evitar abusos... que no llegue alguien a decir ‘ya me voy’ y se aumente el sueldo para que el que venga después se las arregle", precisó.

EL FOCO SOBRE EL CABILDO DE SAN LUIS CAPITAL
El tema adquiere un matiz más oscuro al mezclarse con denuncias recientes sobre prácticas irregulares en la capital potosina, específicamente en el cabildo encabezado por Enrique Galindo. Entre las acusaciones destaca el caso del regidor Jorge Zavala, señalado por trabajadores como autor de un "pase de charola" que habría consistido en retener un porcentaje de sus salarios, además de otras conductas de acoso laboral y abuso de poder.

El auditor fue categórico: "Es muy grave, además de inmoral es ilegal. Podría constituir delitos como extorsión. Es dinero público que se está aplicando de forma indebida".
La gravedad aumenta si se confirma que algunos empleados fueron contratados sin cumplir perfiles o procesos formales, e incluso se les habría retirado su tarjeta de nómina para controlar el acceso a su salario, entregándoles solo pequeñas cantidades "para el lonche".

INVESTIGACIONES Y AUDITORÍAS ESPECIALES
Ante estos señalamientos, el IFSE inició revisiones exhaustivas en expedientes de contratación y nóminas, con el fin de verificar que cada persona contratada cumpla con el perfil y desempeñe las funciones para las que fue designada. "Estoy pidiéndole a mis auditores que redoblen esfuerzos... que los que están contratados efectivamente estén ahí", indicó el auditor.

Si bien no se han recibido formalmente todas las denuncias, el órgano ya busca a las personas que han señalado irregularidades. "Esto no va a quedar impune y se va a investigar. Se está investigando. Es dinero público, y su aplicación indebida es de nuestra competencia", afirmó.

MENSAJE CLARO A FUNCIONARIOS QUE BUSCAN AUMENTOS ILEGALES
El auditor envió un mensaje directo a quienes pudieran estar pensando en autorizarse incrementos salariales fuera de la ley: "Ese dinero lo van a tener que regresar. Habrá responsabilidades administrativas y, en su caso, inhabilitación para el funcionario que lo haya hecho".

El artículo 10 y 11 de la Ley de Disciplina Financiera establece que todo recurso erogado indebidamente en aumentos salariales debe ser reintegrado a las arcas públicas. Además, se abre un procedimiento administrativo que puede derivar en sanciones graves.

En un contexto económico complicado, con una inflación controlada pero insuficiente para justificar alzas tan desproporcionadas, estos incrementos se perciben como un abuso flagrante. "Imagínate, estamos en una situación difícil en todo el país, y de repente un funcionario se aumenta 25%... muy por encima de la inflación", criticó el auditor.

EVITAR EL DISCURSO DISTRACTOR
El auditor advirtió sobre el riesgo de que estas investigaciones se intenten desviar hacia confrontaciones políticas. "Dicen que la mejor defensa es el ataque, pero aquí no aplica. Primero hay que justificar ante la ciudadanía que estás ejerciendo bien tu recurso, y luego, si quieres, atacas a los demás. No puedo decir ‘es que el otro robó más’... eso no es defensa", sentenció.

En ese sentido, insistió en que el IFSE es ajeno a la política electoral y que su única función es asegurar el correcto manejo de los recursos públicos. "No es campaña negra ni guerra sucia, es fiscalización. Quien tenga sus finanzas en orden, no tiene de qué preocuparse", remarcó.

UN CASO EMBLEMÁTICO DE EXCESOS
Para el órgano de fiscalización, lo ocurrido en el cabildo de San Luis Potosí representa un ejemplo de lo que no debe suceder en la administración pública: aumentos ilegales, uso indebido de fondos, abusos hacia trabajadores y contratación irregular.

Las denuncias sobre el "pase de charola" y el hostigamiento laboral no solo describen conductas cuestionables, sino posibles delitos que deben investigarse y sancionarse. "Es un robo claro y en despoblado", opinó el auditor, subrayando que se actuará dentro del marco legal y con apego a las pruebas.

EXPECTATIVA CIUDADANA
La ciudadanía potosina espera que estas investigaciones no se queden en comunicados y advertencias, sino que deriven en acciones concretas contra quienes hayan incurrido en estas prácticas. La impunidad, en casos así, no solo daña las finanzas públicas, sino que erosiona la confianza en las instituciones.

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