Semana del 15 de Agosto al 21 de Agosto de 2025

Zavala y Galindo los huachicoleros del presupuesto

Zavala y Galindo los huachicoleros del presupuesto

Corrupción, cuotas y miedo en el ayuntamiento de San Luis Potosí

En la San Luis Potosí que presume un "gobierno amable", se teje una trama que huele a corrupción añeja y que, según testimonios, opera a la vista —y con la protección— del alcalde Enrique Galindo. La voz que destapó la cloaca es la de Marta Erika Tapia, ex trabajadora de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, quien describe un mecanismo perverso y sistemático para ordeñar el salario de empleados municipales bajo amenaza de perder su trabajo.

El caso no es anecdótico. Tapia afirma que lo suyo "no es un hecho aislado, sino un mecanismo de corrupción dentro del Cabildo", en el que se involucra a regidores, operadores y personas cercanas al poder municipal. Según su testimonio, la estructura no discrimina colores partidistas: panistas, priistas, perredistas, morenistas y hasta verdes habrían sido víctimas del mismo sistema. El método es simple: conseguir un puesto dentro del Ayuntamiento y, una vez asegurado, exigir una cuota mensual o quincenal del salario para el regidor en turno.

LA CUOTA OBLIGATORIA: 5% DEL SALARIO
Tapia relata que, en su caso, la presión comenzó con un mensaje de Mariana Cervantes, asistente y pareja del regidor Jorge Zavala: "Yo tengo el mensaje donde decía que 10 por 100; dije no, dijeron que 0.5 por 100". La cifra, aparentemente modesta, se convertía en un botín considerable al sumarse el aporte de múltiples trabajadores.

Ella ganaba 12 mil pesos quincenales y debía entregar el 5% para conservar su puesto. Los pagos se registraban con precisión: "En el grupo de chat nos iban palomeando quién iba ya dándolo y al día siguiente decía Mariana: ‘La persona que falta de la aportación, se los encargo’". La instrucción era clara: pagar o quedarse sin empleo.

Pero no todos accedían. Hubo quienes se resistieron, y según Tapia, fueron intimidados directamente: "Él habló con ella y le dijo que por órdenes del regidor tenía que darlo". La amenaza implícita era suficiente para doblar voluntades.

HOSTIGAMIENTO Y COMPLICIDAD
Más allá del cobro de cuotas, el relato expone un ambiente laboral envenenado por el acoso y el hostigamiento. Tapia acusa directamente a Liliana Zavala, hermana del regidor, de una campaña sistemática de intrigas y maltrato: "Me gritaba fuertemente en las juntas... hacía que el regidor nos tomara como acoso laboral".

El testimonio apunta a una red de protección que blindaría a los implicados. Tapia afirma que, incluso después de sus denuncias, nadie fue removido: "Si el alcalde los está protegiendo... todavía se encuentran ahí". El supuesto respaldo del presidente municipal no sería una especulación: "El mismo regidor dice: yo ya cerré filas con el alcalde... el alcalde hace lo que yo quiera".

LA "CHAROLA" QUE CRUZA PARTIDOS
El mecanismo, asegura Tapia, no es exclusivo de su área ni de su partido. "Esto es como abrir una cajita de Pandora... los mismos trabajadores que les obtienen trabajos a los chicos... también les pasan la charola". Panistas, priistas, perredistas, morenistas y verdes figurarían como víctimas de la misma práctica: entregar parte del salario para mantener su fuente de ingresos.

Peor aún, denuncia que en el Ayuntamiento se dan de alta personas que no trabajan y cuyo sueldo es repartido entre operadores políticos: "Al momento de dar de alta a una persona que no va a laborar, quiere decir que lo saben... lo saben dentro de lo que está pasando".

LA FACTURA PERSONAL
La denuncia no ha sido gratuita para Tapia. Asegura que perdió su empleo por órdenes directas del regidor Jorge Zavala y sus operadores. La pérdida de su salario golpea especialmente fuerte por su condición de jefa de familia: "Me ha costado mucho... he luchado para sacar a mis hijos adelante".

El miedo es parte del costo. Tapia teme represalias no solo contra ella, sino contra sus familiares: "Tengo miedo... temo por mi hermana de 70 años que está conmigo". Aun así, su convicción la mantiene firme: "No debemos callarnos... yo sé que al alzar la voz estoy corriendo un riesgo".

UN AYUNTAMIENTO QUE PREDICA TOLERANCIA Y PRACTICA IMPUNIDAD
La ironía es brutal. Tapia recuerda que creyó en la iniciativa de "cero tolerancia" al acoso laboral que el alcalde y su esposa presentaron públicamente: "Dijimos: qué chido, esto nos va a ayudar... hoy me doy cuenta que el acoso laboral en el Ayuntamiento es fuerte y grande".

La contradicción entre el discurso oficial y la realidad cotidiana pinta un retrato inquietante: un "San Luis amable" que esconde prácticas de extorsión, amenazas y abuso de poder, normalizadas en la estructura municipal.

LA CAJA DE PANDORA ESTÁ ABIERTA
Si algo deja claro este caso es que las historias empiezan a fluir. Tapia asegura que ha sido contactada por trabajadores de diversas áreas y partidos que confirman experiencias similares. Muchos, sin embargo, guardan silencio por miedo a represalias.

Ella misma reconoce que lo que expone es apenas la superficie: "Mi casa es una ventana para mostrar algo mucho más grande detrás". La práctica del "huachicoleo" a la nómina —ordeñar salarios y sueldos fantasma— no sería una excepción, sino parte de la maquinaria política de la capital potosina.

El testimonio de Marta Erika Tapia expone un patrón de corrupción que, de ser cierto, revela un Ayuntamiento operando como un cártel administrativo. El cobro de cuotas a trabajadores, la contratación de "aviadores" y la protección política a los operadores dibujan un sistema en el que el servicio público es solo la fachada de un negocio interno.

La frase que resume este escándalo es lapidaria: "El alcalde hace lo que yo quiera". En un país donde la impunidad es la norma, esta denuncia es una oportunidad para probar lo contrario.

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