Semana del 15 de Agosto al 21 de Agosto de 2025

Ley Patriota, un mensaje de Trump para México y Venezuela

Ley Patriota, un mensaje de Trump para México y Venezuela

Si algo revela el mensaje de Washington, es que el tiempo de las advertencias diplomáticas se está agotando.

El anuncio del gobierno estadounidense de ofrecer una recompensa de 50 millones de dólares por Nicolás Maduro no es un hecho aislado ni una simple maniobra diplomática. Según el especialista en seguridad Víctor Antonio Hernández, se trata de un mensaje doble: dirigido tanto a Venezuela como a México, en el contexto de una política que busca catalogar a los cárteles latinoamericanos como organizaciones narcoterroristas.

El trasfondo es claro. Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, en sus primeras horas de mandato, inició un conjunto de acciones que culminan con esta declaratoria. Incluso, se filtró un documento militar donde el presidente habría instruido al Departamento de Defensa a preparar acciones militares contra los cárteles. Hernández lo interpreta como una advertencia frontal: "Ya están hartos de la complicidad del gobierno con organizaciones criminales".

EL SEÑALAMIENTO A MÉXICO Y LA REALIDAD EN CIFRAS
En Washington, la narrativa de que México "ha bajado la guardia" frente a los grupos criminales se repite con insistencia. Pero, como apunta Hernández, esa percepción parte de una visión simplista. "Sí hay corrupción en el gobierno mexicano, pero no es una corrupción deliberada como en Venezuela o Cuba. Muchas veces es porque al narco le resulta más fácil operar si la autoridad está en el bolsillo, no porque quiera convertirse en gobierno".

El especialista recuerda que México despliega permanentemente 300 mil militares —sumando Ejército, Marina y Fuerza Aérea—, además de entre 200 y 300 mil policías de distintos niveles. En total, medio millón de elementos patrullan el país todos los días. Y el costo humano de esta guerra es enorme: más de 400 mil muertos y 100 mil desaparecidos en las últimas dos décadas. "Decir que México no está haciendo suficiente es ignorar el desgarramiento colectivo que ha enfrentado este país por pelear la guerra contra el narco", enfatiza.

PRESIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA
El endurecimiento estadounidense no se limita a la seguridad. Hernández señala que existe una narrativa contra México que se extiende al terreno económico. Ejemplos recientes son la virtual quiebra de tres instituciones financieras mexicanas investigadas por el Departamento del Tesoro, los nuevos aranceles, las medidas sobre remesas y la recién aprobada "ley antifentanilo" en Estados Unidos, que recrudece las penas por traficar esa sustancia.

A ello se suma la crisis migratoria, que sigue siendo un punto de fricción constante, y la expectativa de que el gobierno de Claudia Sheinbaum marque distancia de la política de "abrazos, no balazos" de López Obrador. El mensaje es que México está bajo asedio. Y, a diferencia de Venezuela, no cuenta con capacidades militares para resistir una eventual intervención, lo que —según Hernández— condiciona el tono de las sanciones y presiones.

UN NOMBRAMIENTO CUESTIONADO
En medio de este panorama, la designación del nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha generado dudas. "La cercanía nunca es criterio de pericia técnica", advierte Hernández, al recordar casos pasados de vínculos políticos en materia de seguridad con pésimos resultados. El problema, afirma, es que el nuevo encargado carece de experiencia en inteligencia financiera y proviene del sistema penitenciario. "No hay forma de trabajar en un centro penitenciario sin manchar el plumaje. Son perfiles que suelen estar más apestados dentro del ecosistema de seguridad", sentencia.

COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD: UNA RELACIÓN ROTA
El mayor obstáculo hoy es que, desde la perspectiva estadounidense, la cooperación bilateral en seguridad prácticamente ya no existe. "Llevamos 20 años hablando de coordinación interagencial e intersecretarial. A los estadounidenses ya no se compran ese cuento", afirma Hernández. La declaratoria de los cárteles como narcoterroristas no busca colaborar con México, sino "poder actuar unilateralmente en territorio mexicano".

Desde el caso Cienfuegos, la Secretaría de la Defensa Nacional ha reducido la comunicación al mínimo indispensable, marginando a instancias como la Marina y la Policía Federal, que antes eran aliados más confiables para Washington. La hegemonía actual de la Sedena sobre la agenda de seguridad ha dejado a otros cuerpos fuera del juego.

Además, se desmantelaron espacios de coordinación que antes funcionaban, como el centro que mantenían el Comando Norte, la DEA y otras agencias en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ahora, parte de esa infraestructura se ha trasladado a la nueva embajada estadounidense, que, según Hernández, no es solo un edificio diplomático: "El propósito de una embajada estadounidense es siempre fungir como un centro de monitoreo, vigilancia electrónica y espionaje".

TRUMP Y LA PIÑATA MEXICANA
En la lectura del especialista, Donald Trump ha encontrado en México un blanco útil para su retórica. Las tensiones en materia de narcotráfico, migración y comercio se convierten en munición política en tiempos electorales. "Ya le gustamos para piñata", ironiza Hernández, subrayando que esta estrategia no es nueva, pero sí más agresiva en el actual contexto.

La combinación de sanciones económicas, presión política y amenazas militares configura un escenario complejo para México. La narrativa estadounidense de inacción mexicana ignora las cifras de despliegue y el alto costo social de la violencia. Sin embargo, el deterioro de la cooperación en seguridad y la desconfianza mutua han dejado al país con menos margen para negociar y más vulnerable a acciones unilaterales.

En última instancia, la designación de los cárteles como organizaciones narcoterroristas es mucho más que un cambio semántico: es una habilitación legal para operar militarmente en territorio extranjero sin el consentimiento de su gobierno. Y, como advierte Hernández, esa facultad podría activarse contra México si las tensiones siguen escalando.

Este nuevo capítulo en la relación bilateral deja claro que la política antidrogas y la seguridad nacional ya no se discuten en un marco de cooperación, sino de imposición.

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