Semana del 15 de Agosto al 21 de Agosto de 2025

Focos rojos en Interapas requieren revisión a fondo

Focos rojos en Interapas requieren revisión a fondo

Si la política no se convierte en gestión eficiente, la crisis del agua en San Luis Potosí no será solo un problema de tarifas o contratos, sino una amenaza estructural para el desarrollo y la calidad de vida de su población.

La problemática del agua en San Luis Potosí sigue ocupando un lugar prioritario en la agenda legislativa. Desde las tarifas y la operación de organismos como Interapas, hasta la gestión de la infraestructura hídrica y el estrés hídrico que afecta a la población, el panorama exige acciones concretas, coordinación institucional y decisiones alejadas de la politización.

La diputada local y presidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, Nancy Jeanine García Martínez, advierte que no se trata de un solo frente, sino de un conjunto de temas que deben trabajarse de forma paralela. "Todos son importantes", señala, destacando que si bien el asunto de las cuotas y tarifas suele concentrar la atención a fin de año, el análisis y trabajo en torno a ellas se realiza durante todo el año con los ayuntamientos y organismos operadores.

En los próximos meses, explica, se reactivarán las capacitaciones con organismos operadores. A inicios de año se realizaron giras regionales para presentar el Plan Nacional Hídrico y recoger inquietudes y problemáticas de los directores de los organismos. Esta dinámica de diálogo, dice, es fundamental para atender de forma simultánea los aspectos técnicos, administrativos y financieros que inciden en la prestación del servicio.

EL REALITO Y LAS LIMITACIONES LEGISLATIVAS
Uno de los puntos críticos es el suministro de agua desde la presa El Realito, donde recientemente se interrumpió el servicio. García Martínez aclara que el Poder Legislativo no tiene facultades directas para intervenir en la operación, pero sí preocupación y seguimiento del tema. "Es un asunto que ya incluso la presidenta Claudia ha mencionado en las mañaneras. Es un problema derivado del contrato con la empresa, y la empresa debe ser responsable", enfatiza.

La legisladora recuerda que este contrato también involucra a Guanajuato, lo que obliga a un trabajo conjunto con el Ejecutivo estatal y con las instancias que comparten la gestión del recurso.

INTERAPAS ENTRE POLÉMICAS Y REALIDADES
El organismo Interapas, encargado de abastecer a la zona metropolitana, ha sido objeto de debates y propuestas que han generado confusión. García Martínez distingue dos asuntos: la iniciativa de extinción del organismo y la desincorporación de Soledad de Graciano Sánchez. "Son dos cosas muy diferentes", advierte, recordando que el año pasado también se incorporó a Villa de Pozos mediante contrato.

La diputada señala que respeta la autonomía de los cabildos y municipios en la toma de decisiones, pero desde el Congreso se han solicitado opiniones formales sobre la extinción. Hasta ahora, no ha recibido respuestas adicionales. "Interapas tiene sus focos rojos", reconoce, pero insiste en que su análisis debe considerar aspectos administrativos, técnicos y financieros.

El contacto con la dirección del organismo ha incluido la petición de informes sobre acciones, estrategias y actualizaciones financieras. Sin embargo, advierte que gran parte del debate se ha vuelto mediático, con riesgo de que el tema se politice en lugar de resolverse con criterios técnicos.

LA SITUACIÓN EN LA HUASTECA Y EL ROL DE LA DAPA
En Ciudad Valles, la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado (DAPA) enfrenta sus propios retos. Recientemente cambió su titular, y García Martínez reconoce que con el anterior director, Alfredo Zúñiga, había buena articulación en la planeación de proyectos. Ahora, espera establecer la misma coordinación con el nuevo responsable para dar continuidad a las acciones.

Subraya que, como parte de las funciones legislativas, corresponde vigilar la administración interna de los recursos de los 21 organismos operadores del estado, especialmente de cara a la revisión de cuotas y tarifas.

AUMENTO TARIFARIO, UNA DECISIÓN POR DEFINIR
Sobre la posibilidad de un aumento en las tarifas, García Martínez aclara que aún no se ha trabajado una propuesta formal. El análisis deberá realizarse cuando los 21 organismos presenten sus iniciativas, considerando de forma detallada sus finanzas internas.

Reconoce que la mayoría de los organismos son autónomos y dependen casi exclusivamente de su recaudación, lo que complica su operación. No obstante, advierte que antes de aprobar aumentos, es necesario revisar si existen gastos que no son prioritarios, o si hay un sobredimensionamiento en el personal. "Ahí podríamos estar viendo una reducción y no necesariamente hablar de un aumento", sostiene.

LA URGENCIA DE UNA VISIÓN INTEGRAL
El panorama hídrico de San Luis Potosí exige algo más que soluciones aisladas. El estrés hídrico, las fallas en infraestructura, los contratos heredados y la debilidad financiera de los organismos operadores conforman un escenario complejo que no se resolverá con medidas reactivas.

García Martínez plantea que la capacitación, la planeación y la supervisión constante deben acompañar cualquier decisión legislativa. La coordinación entre organismos operadores, municipios, el Congreso y el Ejecutivo no es opcional, sino una condición indispensable para evitar que los problemas se agraven.

En medio de un clima político donde el agua puede convertirse en bandera electoral, la advertencia es clara: las decisiones deben basarse en criterios técnicos y en el interés público, no en la coyuntura mediática.

Mientras tanto, la población sigue siendo la más afectada por cortes, baja presión y la incertidumbre sobre el futuro del servicio. El reto para la actual legislatura y para las administraciones municipales es traducir el diagnóstico en acciones concretas que garanticen el derecho humano al agua, más allá de discursos y promesas.

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