Semana del 22 de Agosto al 28 de Agosto de 2025

El cártel inmobiliario en SLP

El cártel inmobiliario en SLP

San Luis Potosí enfrenta uno de los mayores retos de su vida pública reciente: la revelación de lo que ya se conoce como el cártel inmobiliario, una red de corrupción que involucra a funcionarios municipales, regidores, síndicos, notarios e incluso cuerpos de seguridad. Lo que en su momento parecía ser un secreto a voces, hoy ha sido reconocido por la Fiscalía General del Estado, que asegura contar con carpetas de investigación y procesos en curso. Sin embargo, la gran interrogante es hasta dónde llegará la justicia y si, en esta ocasión, las denuncias se traducirán en acciones concretas o quedarán en promesas vacías.

UN ENTRAMADO QUE VIENE DESDE LOS AYUNTAMIENTOS
De acuerdo con las declaraciones de la fiscal, la corrupción inmobiliaria no se limita a las oficinas de catastro o al registro público de la propiedad. Se trata de un entramado histórico que inicia en los ayuntamientos, donde regidores y funcionarios se convierten en gestores de intereses privados, facilitando desarrollos irregulares, despojos de terrenos y maniobras legales para apropiarse de propiedades intestadas o sin clara titularidad.

El fenómeno no es nuevo: desde hace años se han señalado prácticas similares en municipios del interior del estado, como Axtla de Terrazas, donde se repiten los esquemas de manipulación del suelo y especulación desmedida. Sin embargo, el reconocimiento oficial de la Fiscalía abre un nuevo capítulo que, para muchos ciudadanos, debería marcar el inicio de un proceso de justicia.

LA IMPUNIDAD Y EL DISCURSO POLÍTICO
El problema, señalan analistas locales, es que estas denuncias se han quedado en el terreno discursivo. El propio gobernador Ricardo Gallardo y miembros de su gabinete han hablado en múltiples ocasiones de la corrupción en desarrollos inmobiliarios, pero mientras tanto, los funcionarios señalados siguen en sus cargos y, en algunos casos, hasta se burlan de las declaraciones oficiales.

La percepción ciudadana es clara: la impunidad predomina. Funcionarios que deberían ser investigados continúan con sus privilegios, mientras la población enfrenta las consecuencias más tangibles: un encarecimiento brutal de la vivienda, derivado de la corrupción que encarece los procesos, concentra los beneficios en pocos grupos y desplaza a las familias trabajadoras que apenas logran acceder a una casa.

"Si van a hacer justicia, que lo hagan ya", es el reclamo que se escucha en la opinión pública. Para muchos potosinos, la Fiscalía debe dejar de anunciar carpetas de investigación y pasar a las acciones visibles: detenciones, sanciones y procesos judiciales transparentes. De lo contrario, todo quedará en lo que algunos califican como "espantar con el petate del muerto".

LOS DESPOJOS: UNA VIEJA PRÁCTICA CON NUEVOS NOMBRES
Uno de los aspectos más graves señalados por la Fiscalía es la existencia de despojos de propiedades. Esta práctica, aunque antigua, ha encontrado nuevas vías de operación: aprovechar vacíos legales en juicios intestados, manipular registros en el catastro y contar con la complicidad de notarios y jueces.

El resultado es devastador: familias que pierden su patrimonio, ciudadanos que ven cómo sus terrenos son ocupados ilegalmente y comunidades enteras afectadas por la especulación. El problema no es menor: detrás hay una red que combina poder político, económico y judicial, lo que convierte el combate al cártel inmobiliario en un reto monumental.

LA POLÍTICA COMO TELÓN DE FONDO
El tema inmobiliario se entrelaza con un contexto político particularmente convulso en San Luis Potosí. Mientras se ventilan las irregularidades, al interior de los partidos se negocian candidaturas y alianzas de cara a 2027.

En las últimas semanas han circulado versiones de que Morena y el Partido Verde podrían ir en coalición, no por voluntad local, sino por instrucción de las dirigencias nacionales. Esto supondría que la candidatura a la gubernatura en San Luis quedaría en manos de Morena, mientras que el Verde encabezaría otra entidad como Oaxaca.

La noticia no es menor: implicaría que las decisiones sobre el futuro político potosino no se tomen en el estado, sino en escritorios de la Ciudad de México. Este panorama alimenta el malestar ciudadano, que percibe a una clase política cada vez más distante de las necesidades locales.

UNA CIUDADANÍA DESENCANTADA
Todo este panorama, desde el cártel inmobiliario hasta los enredos políticos, ha generado un efecto preocupante: el desencanto ciudadano. Casos de corrupción como el llamado "huachicoleo de la nómina" en Soledad de Graciano Sánchez, o las pugnas públicas entre partidos, solo alimentan la idea de que la política es un juego de élites desconectadas de la realidad.

La consecuencia directa es la apatía y la baja participación electoral, un riesgo enorme para la democracia potosina. Si la gente percibe que nada cambia, que las redes de corrupción siguen intactas y que los partidos solo velan por intereses nacionales, el costo será un debilitamiento aún mayor de las instituciones.

PASAR DE LAS PALABRAS A LOS HECHOS
El anuncio de la Fiscalía sobre el cártel inmobiliario puede convertirse en un parteaguas histórico o en un episodio más de promesas incumplidas. La diferencia está en la acción: en mostrar que, por primera vez, se puede desmantelar una red de corrupción que afecta directamente el bolsillo y el patrimonio de miles de potosinos.

La ciudadanía espera resultados visibles: nombres, sanciones y procesos judiciales que envíen un mensaje claro de que la ley se aplica sin excepción. Solo así se podrá recuperar la confianza en las instituciones y frenar la impunidad que ha marcado a San Luis Potosí durante décadas.

FIGURAS EN DISPUTA Y UNA OPOSICIÓN DEBILITADA
Entre los posibles nombres que suenan para competir por la gubernatura se mencionan perfiles como Juan Carlos Valladares, Guadalupe Torres, Juan Ramiro Robledo y Gerardo Sumaya. Algunos de ellos buscan construir puentes con Morena, otros apuestan a una narrativa ciudadana. Lo cierto es que, al día de hoy, la oposición tradicional, PAN y PRI, luce desdibujada, sin capacidad real de competir.

El caso del alcalde Enrique Galindo es ilustrativo: tras promesas de diálogo y conciliación, enfrenta un creciente desgaste y críticas por incumplimientos, incluso de actores productivos del Centro Histórico que inicialmente lo apoyaron.

Mientras tanto, personajes polémicos como José Luis Romero Calzada, "el Tecmol", continúan apareciendo en la escena política, pese a los cuestionamientos sobre su trayectoria y estilo. Para algunos, su presencia es símbolo de una clase política degradada, más preocupada por escándalos y confrontaciones que por soluciones.

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