Semana del 09 de Mayo al 15 de Mayo de 2025

Seguridad en México: Un país entre fosas, impunidad y simulacros

Seguridad en México: Un país entre fosas, impunidad y simulacros

Esta semana, el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad presentó un nuevo informe que, lejos de tranquilizar, debería alarmar profundamente tanto a la ciudadanía como a las autoridades. Los datos revelados no solo confirman lo que muchos ya intuíamos —la inseguridad sigue presente como una sombra persistente—, sino que exhiben el enorme desfase entre lo que reportan las autoridades y lo que realmente sucede en las calles, en las comunidades, y en el cuerpo herido de este país.

No es exagerado decir que México vive una crisis de seguridad sin precedentes. Si bien en los últimos seis meses algunas cifras muestran una aparente disminución de homicidios dolosos y robos, otros delitos —los que verdaderamente alimentan el ecosistema de la violencia— se han disparado. Hablamos de extorsiones, secuestros, trata de personas, violación sexual y desapariciones.

Las desapariciones, particularmente, han alcanzado niveles de horror. Al inicio del sexenio del presidente López Obrador se reportaban en promedio 15 personas desaparecidas al día. Hoy, al cierre del primer semestre del nuevo gobierno, la cifra asciende a más de 47. Es decir, el fenómeno se ha triplicado. Este dato, por sí solo, debería ser suficiente para generar una sacudida institucional. Pero el aparato de justicia responde, como de costumbre, con silencio, burocracia o —peor aún— simulación.

EL PAÍS DE LAS FOSAS CLANDESTINAS
El hallazgo constante de fosas clandestinas a lo largo del país —Sonora, Guerrero, Colima, Baja California, Sinaloa, Tamaulipas— deja al descubierto el rostro más brutal de esta violencia sistémica. Y, más grave aún, la incapacidad del Estado para dar respuesta. No hay equipo forense suficiente, no hay registros confiables, no hay protocolos homogéneos. La verdad se sigue enterrando, literalmente, bajo la tierra. Y mientras tanto, las familias de las víctimas se organizan, cavan, buscan, lloran... y sobreviven con una mezcla de indignación y dignidad que parece inquebrantable.

SAN LUIS POTOSÍ: ENTRE OCULTAMIENTOS Y SILENCIO INSTITUCIONAL
Al centrar la lupa sobre San Luis Potosí, el panorama no mejora. El estado lidera el país en denuncias por narcomenudeo, lo que indica no solo un problema de consumo, sino una red de distribución que crece y se consolida. Además, delitos como el feminicidio han aumentado en casi un 100%, la violencia familiar en más de un 10% y las lesiones dolosas también muestran un alza.

Lo que es aún más preocupante es que hay una tendencia sistemática a ocultar la información. El caso de los migrantes secuestrados en tránsito por San Luis Potosí y mal reportados por las autoridades locales es solo uno entre muchos. A través de solicitudes de transparencia se ha descubierto que los datos oficiales no corresponden con la realidad. La simulación institucional no es solo una falta administrativa: es una revictimización directa. Negar la justicia, omitir la verdad, maquillar cifras, es en sí mismo un delito.

Es imperativo dejar de analizar la inseguridad como un problema de "percepción" o de "imagen". Aquí no se trata de una crisis de reputación. Lo que está en juego es la vida de las personas, la posibilidad misma de acceder a la justicia y la función básica del Estado: proteger a sus ciudadanos.

¿NARCOLABORATORIOS? LA PUNTA DEL ICEBERG
El reciente hallazgo de un narcolaboratorio en San Luis Potosí es, por un lado, una buena noticia: implica que se están haciendo investigaciones que dan resultados. Pero también es motivo de preocupación. Porque si se encontró uno, es probable que haya más. Y si San Luis Potosí es el estado con más denuncias de narcomenudeo, la lógica indica que estos laboratorios no son excepcionales sino parte de una estructura más amplia.

¿Se investigará a fondo? ¿Habrá detenidos? ¿Se iniciarán procesos judiciales sólidos que no se desmoronen en tribunales? Las estadísticas indican que no. Porque aunque se reportan detenciones y aseguramientos, las carpetas de investigación no aumentan. Lo que quiere decir que muchos de los arrestados probablemente son liberados por falta de pruebas, por errores en el procedimiento o, peor aún, por corrupción.

LA SIMULACIÓN NO ES ESTRATEGIA
Una constante del análisis nacional es que no existe una estrategia de seguridad coherente, más allá de las declaraciones públicas y los operativos espectaculares. Lo que hemos visto, y documentado, es un simulacro de legalidad. Policías estatales sin gasolina, ministerios públicos con más de 300 carpetas de investigación cada uno, fiscales mal pagados, mal capacitados, sin condiciones mínimas para cumplir su función.

El delito más grave del Estado mexicano hoy es la impunidad. Porque no importa cuántos delitos ocurran: si nadie los investiga, si nadie es castigado, si las víctimas no encuentran justicia, entonces el mensaje es claro: el crimen sí paga. El delito se vuelve rentable y el Estado pierde su capacidad para imponer orden.

HAY LUCES, PERO EL CAMINO ES LARGO
En el análisis general también hay que reconocer algunos avances. La llegada de Omar García Harfuch como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana representa un cambio importante. Su perfil técnico, su experiencia y la seriedad con la que ha asumido su responsabilidad ofrecen una ventana de oportunidad. Pero ni él, ni su equipo, pueden solos.

Hace falta una colaboración real entre los tres niveles de gobierno. Hace falta voluntad política y, sobre todo, inversión. El gasto en seguridad debe aumentar de manera urgente. No hay otra forma de mejorar las condiciones laborales y materiales de quienes están en la primera línea de combate contra la violencia.

Y también hay que mirar hacia la comunidad internacional. La decisión de Estados Unidos de declarar a ciertos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas tiene implicaciones directas para empresarios y ciudadanos. Quienes pagan derecho de piso podrían ser considerados, en términos legales, como financiadores del terrorismo. Las consecuencias de ello aún están por verse, pero pueden ser muy graves.

UNA RECOMENDACIÓN: DEJAR DE VER HACIA OTRO LADO
El Observatorio Nacional Ciudadano no hace política, hace datos. Y con datos se combate la mentira. Nuestra recomendación principal es clara: mirar de frente el problema. No esconder la basura debajo del tapete. No maquillar cifras. No confundir discurso con acción.

México necesita una política de seguridad que ponga en el centro a las víctimas, que construya instituciones sólidas, que investigue, que castigue y que prevenga. Y eso no se logra con ruedas de prensa ni con espectáculos mediáticos, sino con trabajo, inversión y, sobre todo, con compromiso.

La seguridad no es un favor del Estado: es su razón de existir.

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