Semana del 02 de Mayo al 08 de Mayo de 2025

El riesgo de retroceder en la libertad: la nueva iniciativa de telecomunicaciones

El riesgo de retroceder en la libertad: la nueva iniciativa de telecomunicaciones

Aparece en el horizonte una amenaza preocupante: una iniciativa de reforma a la ley de telecomunicaciones que, bajo el pretexto de reforzar la seguridad nacional, abre peligrosas puertas al control absoluto de los medios, las redes sociales y, en última instancia, de la libertad de expresión.

El detonante visible de esta reforma fue un spot de contenido antimigrante transmitido accidentalmente en un partido de fútbol. A partir de ese hecho aislado, se ha construido un argumento para justificar cambios legales de enorme calado que, en la práctica, permiten al gobierno federal censurar unilateralmente cualquier contenido que considere "agresivo" o "peligroso" para la seguridad nacional. Una etiqueta sumamente ambigua que abre la puerta a los abusos.

No estamos hablando solo de radio y televisión. Esta reforma incluye la posibilidad de eliminar publicaciones de redes sociales y plataformas digitales si una autoridad —sin contrapesos ni supervisión independiente— lo decide. La discrecionalidad será la regla, no la excepción.

A diferencia de la reforma de telecomunicaciones de 2014 —producto de amplios consensos y que impulsó la competencia, la apertura digital y una mayor cobertura—, la iniciativa actual plantea la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), organismo autónomo que regulaba el sector. Sus funciones pasarían a una nueva agencia bajo control directo del Ejecutivo federal, eliminando la autonomía técnica y de gestión que era una garantía contra la injerencia política.

La autonomía de los órganos reguladores no es un capricho ni un lujo; es una necesidad en democracias que aspiran a ser modernas y abiertas. Dejar en manos del gobierno la decisión sobre qué se puede o no transmitir, publicar o compartir es un retroceso grave que recuerda a los peores episodios de censura institucionalizada en regímenes autoritarios.

La reforma también promete utopías: conectar a todo el país en cinco años, lograr la cobertura universal para comunidades indígenas y permitir que pequeñas empresas de telefonía accedan fácilmente a las redes de grandes corporativos. Sin embargo, estas promesas chocan con la realidad de una brecha tecnológica aún profunda en México, que requiere inversiones multimillonarias y no simples cambios legales para cerrarse.

Peor aún, esta reforma traiciona los compromisos internacionales asumidos en el T-MEC, que establecen la necesidad de marcos regulatorios transparentes, previsibles y libres de interferencia gubernamental en sectores clave como las telecomunicaciones. Al dar marcha atrás en estos principios, México pone en riesgo su credibilidad y la confianza de los inversores internacionales.

El discurso oficial que impulsa esta iniciativa se basa en la idea de que los medios y las redes "dividen" a la sociedad o "siembran odio". Es un discurso peligrosamente autoritario: cualquier pensamiento crítico podría ser interpretado como una amenaza. En lugar de respetar el derecho a la disidencia y al debate libre, se apuesta por el control del mensaje único, por la homogeneización del pensamiento.

Lo más preocupante es que esta propuesta parece tener asegurada su aprobación legislativa. De concretarse, significará un retroceso profundo en las libertades civiles de los mexicanos. A cambio de promesas de internet para todos y teléfonos para cada rincón, el país podría entregar su derecho a pensar, criticar y disentir.

El riesgo es real. Y el costo será enorme.

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