Semana del 02 de Mayo al 08 de Mayo de 2025

México tiene una deuda pendiente con policías

México tiene una deuda pendiente con policías

Fernando Escobar Ayala, investigador de la organiz

La sangre de los policías mexicanos no descansa. Y con cada asesinato, el Estado mexicano queda una vez más en deuda con quienes juraron protegerlo.

La violencia contra los cuerpos policiales en México no se detiene. En lo que va de 2025, al menos 146 policías han sido asesinados en todo el país, un promedio que significa un homicidio cada día y un alarmante incremento del 51% respecto al mismo periodo del año anterior.

Más allá de los números, la situación revela una profunda crisis estructural: las corporaciones de seguridad pública enfrentan un abandono político, presupuestal y operativo que las convierte no solo en la primera línea contra el crimen organizado, sino también en una de sus principales víctimas.

El abandono de las policías municipales y estatales no es reciente, pero se ha profundizado en los últimos años. Existe, por parte de la autoridad federal, una narrativa que enaltece a las Fuerzas Armadas, mientras al mismo tiempo descalifica y margina a los cuerpos civiles. Esto ha derivado en un abandono institucional evidente, agravado por la desaparición de fideicomisos esenciales que en su momento financiaban proyectos de fortalecimiento policial, particularmente a nivel municipal.

Los datos son contundentes: Guanajuato, Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Jalisco son los estados que concentran el mayor número de asesinatos de policías. No es casualidad que estas entidades también encabecen los registros de violencia homicida general en México. Las policías municipales, por ser la autoridad más cercana a la ciudadanía y muchas veces la primera barrera frente al crimen organizado, son las que más sufren esta violencia. Y es en estos mismos estados donde la fragilidad de las instituciones policiales se ha hecho más evidente.

Los elementos municipales, en particular, enfrentan condiciones laborales precarias. Salarios bajos, falta de prestaciones sociales, carencia de equipo adecuado y jornadas de trabajo extenuantes son parte de su realidad cotidiana. A ello se suma una falta de profesionalización constante, producto de la eliminación de programas de capacitación y del desdén de las autoridades por fortalecer estos cuerpos civiles.

La crisis actual tiene raíces profundas. Durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, aunque los esfuerzos no fueron perfectos, existió una intención clara de fortalecer a las policías mediante procesos de profesionalización, capacitación y coordinación institucional. La creación de la extinta Policía Federal fue uno de esos esfuerzos.

Sin embargo, todo ese andamiaje institucional fue desmantelado en el sexenio anterior, con la creación de la Guardia Nacional, una fuerza que, a pesar de su nombre, mantiene una clara subordinación militar y cuyo despliegue se centró más en labores de contención migratoria que en la seguridad pública.

El resultado ha sido desastroso: hoy México enfrenta un escenario en el que las policías locales están más debilitadas que nunca, mientras la Guardia Nacional no logra cumplir con la función de proximidad social que distingue a los cuerpos civiles.

En este contexto, la próxima administración federal, encabezada por Claudia Sheinbaum, enfrenta un desafío monumental: reconstruir desde las ruinas las instituciones de seguridad pública civil. La designación de Omar García Harfuch como responsable de la estrategia de seguridad pública federal plantea la expectativa de un retorno a políticas que privilegien la inteligencia y la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

No obstante, la reconstrucción será lenta y enfrenta obstáculos estructurales. La falta de capacidades y presupuestos adecuados en los estados y municipios dificultará cualquier esfuerzo de armonización institucional. Además, mientras no se atienda de manera seria y profunda la impunidad que impera en el país —donde la mayoría de los delitos no se investigan adecuadamente ni concluyen en sanciones judiciales—, cualquier estrategia de seguridad estará incompleta.

Detener criminales es apenas el primer paso. Sin un sistema de procuración e impartición de justicia sólido, los esfuerzos policiales terminan siendo esfuerzos vacíos, incapaces de garantizar seguridad real a la ciudadanía.

Por ahora, los cuerpos policiales de México continúan siendo víctimas silenciosas de una violencia que no cesa. Cada elemento asesinado no solo representa una tragedia humana, sino también el fracaso del Estado en su obligación más básica: garantizar la seguridad y la integridad de quienes protegen a la sociedad.

La reconstrucción de las policías locales, su dignificación laboral, su capacitación continua y su protección frente a las amenazas del crimen organizado deben ser prioridad nacional. De lo contrario, la sangría continuará, y con ella la erosión de la confianza ciudadana en sus instituciones de seguridad pública.

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