Una ola de señalamientos provenientes de agencias de inteligencia estadounidenses comienza a sacudir el tablero político mexicano. A medida que se filtran informes e investigaciones, se hace cada vez más evidente que los tentáculos del crimen organizado no sólo se limitan al narcotráfico, sino que han encontrado en el huachicol una fuente de ingresos poderosa y sistemáticamente protegida por funcionarios de alto nivel.
Los casos recientes apuntan a que la atención se centra ahora en las figuras más visibles de Morena, partido que gobierna en múltiples entidades del país. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, es señalada como el primer aviso. Detrás del ruido mediático, se esconde un movimiento más amplio: una posible lista negra elaborada por el gobierno de Estados Unidos que incluye a varios mandatarios estatales por presuntos vínculos con redes de robo de hidrocarburos y corrupción en contratos con Pemex.
Periodistas han señalado que lo ocurrido con la mandataria bajacaliforniana es solo "la punta del iceberg". Las investigaciones, según fuentes consultadas, apenas comienzan a arrojar luz sobre una red que, según se advierte, se extiende por entidades clave como Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Nuevo León.
En Altamira y Tampico, el huachicol no es un fenómeno residual ni marginal: es un eje de financiamiento criminal que involucra flotillas de tráileres, conexiones políticas y silencios comprados. La reciente destitución del vocero de seguridad del gobierno tamaulipeco, tras negar públicamente los operativos federales en la zona, es prueba de que la presión interna también se empieza a fracturar. La contradicción entre la narrativa oficial y los hechos operativos revela tensiones crecientes dentro de los gobiernos estatales.
El Universal publicó esta semana un reportaje firmado por la periodista Alejandra Canchola, donde se detalla que el robo de hidrocarburos ha desplazado al narcotráfico como principal fuente de financiamiento para grupos criminales. No se trata solo de una actividad ilegal: implica sobornos multimillonarios, complicidad institucional y un aparato logístico de proporciones industriales. Desde la sustracción en instalaciones de Pemex hasta el transporte por múltiples estados y el cruce a territorio estadounidense, el esquema requiere de un silencio cómplice por parte de autoridades municipales, estatales y federales.
"Esto no puede explicarse desde la ingenuidad o la incompetencia. O los gobiernos no se dan cuenta y son increíblemente ineficientes, o están involucrados hasta el tuétano", señaló una fuente cercana al caso. La ruta de este tráfico ilegal de combustible va desde lugares como Ébano, en San Luis Potosí, donde se observan flotillas asociadas a políticos locales, hasta ciudades fronterizas de Texas. La magnitud del negocio impide pensar que se trata de una operación clandestina llevada a cabo sin cobertura institucional.
El caso de Sergio Carmona, empresario asesinado en San Pedro, Nuevo León, después de haberse declarado testigo protegido en investigaciones relacionadas con el huachicol, confirma que los vínculos entre poder político y crimen organizado no solo existen, sino que pueden resultar mortales. Carmona habría financiado campañas políticas de figuras prominentes de Morena, incluidas senadoras de la República. Su muerte no ha sido aclarada del todo, pero su legado de documentos y vínculos permanece en expedientes abiertos en ambos lados de la frontera.
El exjefe de la DEA, Mike Vigil, ha sido tajante: "La nueva etapa de los procesos de extradición y judicialización en Estados Unidos se centrará en figuras políticas, particularmente gobernadores y exgobernadores ligados a Morena". Esto abre la puerta a una crisis política sin precedentes. La pregunta ya no es si habrá más nombres, sino cuántos más y hasta dónde llegará la red de complicidad.
El huachicol se ha convertido, como lo expresa gráficamente una fuente, en un "pañal lanzado por la ventana de un carro en movimiento", cuyo contenido se dispersa incontrolablemente, ensuciando a todos los que lo han sostenido. La crisis apenas comienza, y las implicaciones para el futuro del partido en el poder podrían ser devastadoras si las investigaciones avanzan con la fuerza que se espera desde el extranjero.
La gran incógnita que queda en el aire es si esta operación anticorrupción será exclusiva contra gobernadores morenistas o si también alcanzará a aliados, exfuncionarios y operadores de otros partidos. Mientras tanto, el silencio institucional en muchos estados solo parece confirmar lo que algunos ya dan por hecho: el crimen ha dejado de ser un enemigo externo y se ha convertido en un socio silencioso del poder.
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